Con una campaña pública de información directa al cliente, los más de 80 mil agremiados a la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, solicitarán el apoyo social para establecer un precio real de la tortilla alejado de los acuerdos políticos que “distorsionan la economía y ponen en riesgo el empleo y la pequeña empresa para favorecer a los grandes intereses económicos”.
Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías (UNIMTAC), advirtió que el pacto relanzado el 25 de abril, es una acción ilegal en un mercado libre, sustentada en la intimidación de los órganos gubernamentales y una campaña de mentiras dirigidas a limpiar la imagen de acaparadores del grano y empresas de “coyotaje” que se están enriqueciendo inmoralmente.
Las cotizaciones internacionales del maíz y una producción récord del grano a escala nacional permitirían precios de la tortilla de entre 7.50 y ocho pesos el kilogramo, explicó, lo cual favorecería la economía de todos los mexicanos; sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón ha impedido el libre actuar de las fuerzas del mercado, favoreciendo a “un puñado de mercenarios como Cargill y Gruma-Maseca”.
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías reiteró que es posible un precio de 7.50 a ocho pesos el kilogramo de tortilla si el gobierno “lima las uñas de las garras” de los acaparadores, intermediarios que trabajan con base en el “coyotaje” y que están encareciendo el grano.
“Aún esperamos el cumplimiento de la promesa gubernamental de encarcelar a quienes escondieron el maíz para encarecerlo sin importarles el bienestar de los mexicanos. No hemos visto las acciones fuertes prometidas contra quienes han distorsionado el mercado económico y atentaron contra la estabilidad nacional”, dijo el presidente de la UNI.
Por el contrario, vimos cómo el gobierno compra conciencias de líderes de membrete para validar un pacto que sólo beneficia a los acaparadores, a “líderes fantasma”, que buscan adueñarse del mercado de la tortilla vendiendo alimentos a base harinas y materiales de mala calidad.
La Unión también denunció que la Procuraduría Federal del Consumidor ya inició una campaña de presión contra las tortillerías del país amenazando con cierres parciales y multas a nuestros asociados, lo cual es completamente ilegal, dado que no existe un precio oficial de la tortilla y que los verdaderos industriales de molinos y tortillerías no firmamos el pacto de “enriquecimiento exprés” de comercializadoras y “coyotes”.
Fuente: Milenio
