FAO pide 3.1 millones de dólares a la comunidad internacional para apoyar a agricultores afectados por las lluvias e inundaciones en aquel país
Más de un millón de personas afectadas y damnificadas ha dejado el fenómeno El Niño Costero en Perú, que golpeó al país con severas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra durante los meses de enero a marzo, particularmente en la costa del norte del país.
Según el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú (Minagri) cerca de siete mil productores agrícolas han sido afectados, de los cuales el 80 por ciento son pequeños agricultores. Más de 60 mil hectáreas de cultivos han sido severa o parcialmente afectadas y 18 mil hectáreas resultaron completamente inutilizables a escala nacional.
Para enfrentar esta situación, el gobierno de Perú aprobó el Plan de Reactivación del Agro con una inversión de 76 millones de dólares, respuesta que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) buscará complementar solicitando a la comunidad internacional 3.1 millones más para restablecer la agricultura familiar en las zonas más alejadas de las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad.
Hasta el momento, la FAO ha podido acceder a fondos de Naciones Unidas por casi 290 mil dólares, para brindar atención inmediata a las familias de pequeños agricultores de la región Piura que han perdido sus medios de vida, restableciendo su capacidad productiva con cultivos de primera necesidad para el autoconsumo.
El proyecto de recuperación de la FAO proveerá insumos para el establecimiento de huertos familiares, la recuperación de infraestructura de riego y la asistencia técnica en materia de sanidad animal.
Estas actividades se implementarán de forma directa con los agricultores afectados mediante transferencias de efectivo por trabajo, para asegurar la generación de ingresos de las familias, garantizar el acceso a los alimentos y mitigar el abandono de las parcelas y la migración hacia las ciudades.
La estrategia será fundamental para orientar las políticas nacionales de gestión del riesgo, armonizar normativas y metodologías, así como propiciar sinergias entre los países.
