El capítulo agropecuario del TLCAN debe y puede renegociarse, coincidieron en señalar Carlos Navarro López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, y Alejandro Villamar, miembro del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
El legislador perredista señaló que ningún tratado está por arriba de la Constitución y ésta establece que el Poder Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Legislativo.
Villamar subrayó que la posibilidad de la renegociación no es sólo un problema de bases legales; es también un asunto que se puede renegociar con base en necesidades políticas, sociales, ecológicas o ambientales. «El origen inconstitucional del TLCAN permite la posibilidad de que se pueda dar esa renegociación. Hay jurisprudencia de la SCJN. Está por encima de las leyes secundarias, pero por debajo de la Constitución.»
Navarro López afirmó que los efectos de la entrada en vigor del capítulo agropecuario serán graduales y diferenciados, en donde los productores de frijol serán de los sectores más afectados. Previó que en México la entrada en vigor desatará movilizaciones y manifestaciones.
En el tercer artículo transitorio de la Ley de Ingresos, señaló, se establece la formación de una comisión intersecretarial, cuyo propósito sea administrar la importación de productos básicos. «Se trata de importar sólo cuando exista desabasto, y exportar únicamente en caso de presentarse un superávit.»
Política de Estado para el agro mexicano
El documento Evaluación integral de los impactos e instrumentación del capítulo agropecuario del TLCAN, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), plantea una política de Estado para el campo enfocada a elevar la participación del sector en el PIB, aumentando inversiones y canalizando bienes públicos para desarrollar mercados.
El estudio también propone focalizar e individualizar subsidios con base en criterios tipológicos; coordinar programas de apoyo con miras a elevar la productividad del sector, mejorar la distribución del ingreso y elevar la eficiencia de las transferencias al evitar la duplicación de los apoyos.
También habla de generar una legislación de apoyos de largo plazo que de certidumbre a todos los agentes económicos; el rediseño de programas de apoyo de forma tal que contengan incentivos para la compactación de tierras y organización de productores alrededor de proyectos productivos viables, así como aplicar plenamente los mecanismos de defensa del sector que contempla el TLCAN.
Esta política de Estado «implica reorientar muchos de los recursos que ahora se aplican en él, la congruencia con las políticas macroeconómicas, y también exige una política fiscal que permita financiar los cambios requeridos», destaca el estudio.
Fuente: El Financiero
