Crean programa de manejo de Área Comunitaria de Conservación Ecológica en el que núcleos agrarios recibirán un pago por el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
El gobierno del Distrito Federal publicó ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma a la Ley Ambiental local que eleva a rango de ley uno de los programas destinados a la protección de las zonas de conservación ecológica de la ciudad, mediante la firma de convenios con los núcleos agrarios para el pago de actividades que estos desarrollen, como la administración y manejo de áreas naturales protegidas, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, acciones de protección al ambiente, la realización de estudios e investigación en la materia y la retribución por la conservación de servicios ambientales.
Para ello, crea la figura de «Área Comunitaria de Conservación Ecológica», como una superficie de suelo de conservación establecida por acuerdo del jefe de Gobierno con los ejidos y comunidades, destinados a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los servicios ambientales, comprometiendo a estos últimos a no modificar el régimen de propiedad del mismo.
“El programa de manejo del Área Comunitaria de Conservación Ecológica será elaborado por el ejido o comunidad que corresponda, quien podrá ser asistido en el proceso por instituciones u organizaciones con experiencia en la conservación y manejo de recursos naturales. Su contenido deberá tener el consenso y validación de los miembros del pueblo, comunidad o ejido, expresada mediante asamblea”, señala la nueva normatividad.
Establece que para apoyar económicamente a los núcleos agrarios que determinen el establecimiento de áreas comunitarias, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) “formulará y publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Área Comunitaria de Conservación Ecológica”, en el cual, “se establecerán los montos máximos y condiciones mínimas de las retribuciones provenientes del Fondo Ambiental Público, para que los pueblos, comunidades y ejidos realicen la administración, manejo, conservación y vigilancia de dichas áreas, e incluirá el pago de estímulos por la conservación de los servicios ambientales”.
La ley, que entra en vigor este jueves, faculta al jefe de Gobierno a decretar los bosques urbanos como áreas de valor ambiental y crea un Consejo Rector Ciudadano, integrado por siete ciudadanos reconocidos por sus actividades ambientales, designados por el mismo titular del Ejecutivo local, quienes deberán permanecer cuatro años en dicho cargo, con la posibilidad de ser ratificados para un periodo de dos años más.
Fuente: La Jornada
