Estudio Impacto socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España elaborado por PwC
Prescindir de los herbicidas basados en glifosato supondría un impacto económico negativo que ascendería a dos mil 124 millones de euros en términos de producción, suponiendo un 0.10 por ciento de la producción nacional. Asimismo, en términos de empleo las pérdidas que podría acarrear la no renovación ascenderían a casi cinco mil empleos. Estas son las principales conclusiones que se deducen del estudio Impacto socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España, elaborado por PwC.
Estas altas pérdidas monetarias y laborales se producirían en gran medida como consecuencia de la disminución de la producción agrícola, que afectaría a la actividad de los sectores relacionados —proveedores, clientes, sector de la alimentación, la agricultura, hostelería y la restauración y el comercio al por mayor y al por menor.
No renovar la autorización del glifosato afectaría principalmente al sector agrícola generando tres efectos inmediatos sobre la producción agrícola que actualmente lo utiliza:
• Disminución de la producción por hectárea en un 10 por ciento en promedio para el conjunto de cultivos. Afectaría especialmente a los cultivos de cereales y permanentes, provocando reducciones de producción en torno al 11 por ciento en la superficie afectada, en cultivos extensivos también acusarían una caída significativa, en torno al 5 por ciento.
• Aumento de la carga de trabajo de los agricultores. El glifosato ofrece un método sencillo y rápido de manejar los cultivos, realizando labores mínimas de laboreo. Por lo tanto, la eliminación del glifosato podría incrementar los requerimientos de trabajo, pasando de 1.91 h/ha a las 3.85 h/ha, un incremento de las horas anuales del 49 por ciento.
• Aumento del costo de la producción agrícola. Los agricultores tendrían que utilizar fórmulas alternativas más caras que incrementarían los costos de producción en torno al 9 por ciento y la práctica de la agricultura de conservación se vería muy perjudicada. Prescindir de glifosato supondría un incremento del costo variable de producción de los cereales del 18 por ciento en término medio y del 3 por ciento en el caso de cultivos extensivos. Como consecuencia de este encarecimiento de la producción agrícola se produciría un aumento del nivel de precios en la cadena alimentaria.
Con respecto a las transacciones comerciales, la caída de la producción y el encarecimiento de la misma darían lugar a un incremento de las importaciones de 304 millones y una reducción de las exportaciones de 346, empeorando la balanza comercial en 650 millones de euros. Asimismo, la disminución de la actividad económica tendría un impacto significativo sobre los ingresos de la administración pública, principalmente mediante la reducción de la recaudación fiscal, en 163 millones de euros.
En su conjunto, el sector agrario ha contribuido a reducir el déficit comercial nacional obteniendo un saldo positivo de cinco mil 323 millones de euros y la caída de la producción supondría una pérdida de Producto Interno Bruto (PIB) agrícola de 296 millones, a lo que habría que añadir 111 millones adicionales derivados de la pérdida por encarecimiento de la producción, lo que conjuntamente supondría una pérdida del 3 por ciento del PIB agrícola. Por ejemplo, en el caso de los cereales sufrirían una caída de producción de 277 millones de euros, lo que supone una disminución del 7.7 por ciento.
En España la importancia del sector agrícola representa el 2.6 por ciento del PIB y el 4 por ciento del empleo nacional y la superficie tratada con esta sustancia activa asciende a 3.9 Mha, aproximadamente el 28 por ciento de la superficie de cultivo total. Asimismo, la producción de cultivos en los que se utiliza glifosato asciende a casi 19 millones de toneladas y cinco mil 900 millones de euros, lo que supone el 23 por ciento y el 21 por ciento de la producción agrícola en España en toneladas y en unidades monetarias, respectivamente.
La utilización de glifosato no se limita exclusivamente al entorno agrícola sino que su uso se extiende al mantenimiento de diferentes infraestructuras, como las industriales, de redes de transporte, vías urbanas, parques y jardines. En torno al 70 por ciento de las carreteras son tratadas con herbicidas (unos 125 mil kilómetros anualmente) y más de 15 mil kilómetros de vías férreas. Las alternativas a la utilización del glifosato son sensiblemente más costosas, como es el caso de la siega mecánica, que resulta entre cuatro y cinco veces más cara.
El glifosato se utiliza para evitar el riesgo de incendios que puedan ser originados por las malas hierbas; aumentar el nivel de seguridad al evitar que la mala hierba obstaculice la visión de señales de tráfico y se interponga en la circulación de trenes y vehículos; y evitar que la vegetación sirva como refugio de plagas y enfermedades, principalmente en parques y jardines.
Desde la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla) señalan que “la evidencia científica sobre la seguridad de esta sustancia activa acredita para que la Comisión Europea proponga la renovación del glifosato por 15 años, tal como contempla la norma, y ahora los argumentos socioeconómicos muestran el alto valor de esta sustancia activa y el enorme impacto que tendría una no renovación de la misma”.
Recuerda la Aepla que, sobre la seguridad del glifosato, se han pronunciado favorablemente las autoridades competentes de la Unión Europea como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) , la Agencia Europea de Mezclas y Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés), autoridades de estados miembros como el BfR alemán, autoridades de países como la Agencia de Evaluación Ambiental de EEUU, y autoridades de Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. En todos los casos han determinado que el glifosato es seguro para los usos para los que está dirigido.
En palabras de Carlos Palomar, director general de Aepla, “Entendemos y aceptamos un estricto marco normativo como el actual en materia fitosanitaria, pero sí pedimos que sea previsible. Solo de esa manera las empresas verán garantía de seguridad para asumir el esfuerzo en inversión que significa desarrollar nuevas soluciones”, y añade “entre todos hemos creado y consensuado una estructura organizativa en Europa en la que diferentes organismos y autoridades científicos asumen la responsabilidad de velar por nuestra salud y seguridad alimentaria. Lamentamos que su opinión no sea valorada frente a mensajes emocionales que se posicionan y movilizan en contra de la evidencia científica. Si finalmente se acuerda la no renovación de una sustancia como el glifosato por un periodo de 15 años, cuando su seguridad ha sido confirmada por los organismos competentes en la materia, estaríamos sentando un precedente de muy negativas consecuencias de cara al futuro.”
