México se ha convertido en el principal importador de arroz procedente de Estados Unidos. En el periodo 1980-1988, ese país exportaba sólo 17 por ciento del arroz que nos llegaba del exterior. Nuestra dependencia de las importaciones es del 81 por ciento y se deriva de los bajos precios a los que es ofertado el arroz palay y crecientemente el arroz pulido.
El esquema de apertura comercial negociado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es insostenible para la parte mexicana por el daño que ya se ha ocasionado y seguirá acentuándose. Es necesario adecuar este tratado comercial y abandonar la intención de establecer una competencia entre desiguales. De lo contrario, este problema llegará a niveles de conflicto social aún no previstos, ya que el conflicto se extiende a otros granos, oleaginosas, carne de res, puerco y lácteos, que involucran a millones de productores que no tienen cabida en las áreas rurales en las actuales condiciones y que al perder su fuente de empleo, no podrán ser absorbidos por la industria y las grandes ciudades. Así, esta situación puede acarrear mayores consecuencias en la frontera con Estados Unidos.
Negociaciones del TLCAN y resultados
El punto de partida es que los funcionarios reconozcan que en este tratado comercial resultó una negociación desfavorable para los productores mexicanos de arroz y, por tanto, se requieren medidas de equilibrio o compensación.
Una vez que se cumplieron los plazos de desgravación de arancel a partir de 2003 nos encontramos en una situación de libre comercio. Sin embargo, el nivel de aranceles negociado fue tan bajo (de 10 por ciento para arroz con cáscara), que en realidad no permitió un margen adecuado de protección para un periodo de transición, por lo que los productores mexicanos hemos carecido de condiciones para elevar la eficiencia y la competitividad, frente a una situación de creciente competencia con sus importaciones a bajos precios y un retiro brusco de distintos apoyos que anteriormente otorgaba el gobierno mexicano.
Además, nos hemos encontrado en una situación de completa indefensión, por la carencia de herramientas como las salvaguardas que no fueron negociadas en arroz, para enfrentar el inusitado incremento de importaciones que han estado dañando la economía de los productores arroceros.
Por ello no nos ha quedado otro remedio que iniciar los trámites y el acopio de información para una denuncia por dumping o bien de salvaguardas en donde nuestras posibilidades de ganar son altas, pues la razón nos asiste y contaríamos con el apoyo de productores agrícolas de nuestro país y las organizaciones no gubernamentales tanto de Canadá como de Estados Unidos, así como algunas de la Unión Europea que apoyan como justo nuestro reclamo.
Las importaciones de arroz palay se han incrementado 222 por ciento entre 1985 y 2001, de 236 mil a 760 mil toneladas. Desde esos años el gobierno mexicano inició una apertura unilateral por el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Cuando México empezó a bajar las tarifas arancelarias y a eliminar los permisos previos de importación, la producción de Estados Unidos inició el desplazamiento de las exportaciones de países asiáticos, básicamente por menores costos de comercialización y sus apoyos a las exportaciones.
Al inicio del TLCAN el nivel mexicano de importaciones ya era bastante alto. En el periodo de vigencia de este acuerdo continuaron incrementándose en un 93 por ciento y originarias en prácticamente un 100 por ciento de Estados Unidos. Es evidente la superioridad competitiva estadounidense.
Como consecuencia, se ha reducido la superficie mexicana cosechada con arroz en 77 por ciento en el periodo largo y en 36 por ciento durante la vigencia de este acuerdo comercial. Lo mismo ha ocurrido con el volumen de producción, que se redujo en 78 y 51 por ciento, respectivamente.
Detrás de estas cifras, que son muy frías, existe un panorama desalentador. El sector agrícola arrocero ocupaba poco más de 9.9 millones de jornales en 1985; con la reducción de la superficie, descendió a 3.6 millones en 1997. También se ha ocasionado una quiebra masiva en los molinos arroceros, pues la planta instalada en funciones se redujo de 70 molinos en 1986 a 19 en 2001.
En particular, los precios pagados al productor agrícola mexicano se han reducido en términos reales 64 por ciento de 1989-2001, por las facilidades que otorgó la profundización de la apertura comercial y la cancelación de los precios de garantía del gobierno mexicano. Esta caída de precios ha sido de 48 por ciento en el periodo de operación del TLCAN y eso básicamente es ocasionado por la presión que ejercen sus exportaciones, con un daño a la rentabilidad de nuestros productores mexicanos.
Las desigualdades existentes explican el resultado
Los factores que evidencian la desventaja competitiva de nuestros productores mexicanos, en general no pueden atribuirse a una falta de iniciativa para mejorar su eficiencia, pues existen estudios que demuestran que somos competitivos. Pero por la diferente dotación de infraestructura física e institucional y los distintos tipos y niveles de apoyos estatales, no podemos estar en igualdad de condiciones con nuestros competidores estadounidenses. Lamentablemente no se dispone de la información para contrastar las asimetrías existentes en este rubro, definido por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como apoyos a servicios generales, pero estamos seguros que aumentarían considerablemente las diferencias que se observan con respecto al equivalente de subsidios al productor.
Lo anterior explica las asimetrías en productividad física. Entre 1996 y 2000, Estados Unidos logró un rendimiento promedio de 6.7 toneladas por hectárea de arroz y México apenas alcanzó 4.5, con lo cual nuestros “socios” tienen una superioridad de casi 68 por ciento en este indicador.
Lo que más desequilibra esta relación de competencia son los distintos tipos de apoyo de que nuestros competidores disfrutan, como los subsidios y financiamiento barato a la producción agrícola, el crédito y subsidios a las exportaciones y condiciones más favorables que en México en las medidas de política macroeconómica, como es la tasa de cambio, que abarata aún más sus exportaciones a México por una persistente sobrevaluación de nuestra moneda. De hecho, existen productores arroceros en México que son capaces de alcanzar los mismos o mayores rendimientos por hectárea estadounidenses y a pesar de ello no son competitivos con los actuales precios de mercado.
La prueba más evidente de las diferencias en apoyos son los indicadores de equivalente de subsidio y el coeficiente de protección nominal al productor arrocero en México y Estados Unidos. El primer indicador demuestra que en los últimos 15 años, con excepción de 1995-1997, más de 30 por ciento de los ingresos totales de los agricultores estadounidenses ha provenido de los subsidios al productor e incluso la dependencia del Estado ha llegado a ser mayor a 50 por ciento de los ingresos totales (1986-1988).
El segundo indicador demuestra que el nivel de subsidio a las exportaciones también ha sido históricamente alto (29 por ciento del precio de la producción arrocera entre 1986-1993) y que no obstante una tendencia a su reducción (12 por ciento en el periodo 1994-2000), resulta particularmente dañino para la producción arrocera mexicana debido a la presencia de otro tipo de asimetrías.
Un estudio proveniente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha demostrado que sin esos subsidios los productores de arroz estadounidenses operarían con pérdidas.
Existe una gran diferencia entre el precio pagado al productor en Estados Unidos y el precio al que se oferta el mismo producto en México, los cual nos induce a pensar en la existencia de prácticas dumping. Sabemos que esto es independiente de sus agricultores, pues muchas de esas ganancias se quedan entre las empresas que hacen la comercialización, pero lo que pedimos es que busquemos esquemas que permitan que esta situación sea justa para ambas partes.
Propuestas
1) La propuesta de precio de concertación para arroz palay señala un precio de 2,100 pesos. Sin embargo, este monto sólo permitirá niveles de sobrevivencia y de ninguna manera estimulará la producción, además de que el deslizamiento de nuestra moneda prácticamente lo convierte en pérdida por lo que la propuesta basada en costos de producción debe de estar por arriba de los 2,300 pesos por tonelada, tomando los mismos componentes de la propuesta oficial y teniendo un especial cuidado en la parte correspondiente a la industria, pues de otra manera se seguirá subsidiando la ineficiencia de la misma.
2) En el presupuesto federal se debe incluir de manera obligatoria el seguro agrícola descontando éste de los apoyos que se pretende lleguen al campo, aumentando la prima de cobertura que por ley ya se subsidia.
3) Aplicar salvaguardas y protecciones de las demandas de dumping para evitar que los precios subsidiados afecten el mercado nacional, debiendo los importes de las salvaguardas llegar directamente al productor.
4) Abrir el sistema bancario con créditos razonables que permitan al productor agropecuario su consolidación como sujeto de crédito.
5) Establecer la norma de etiquetado, que se ha pedido desde hace años y que es bloqueada sistemáticamente por la industria, lo cual permitirá al consumidor tener seguridad del producto, evitar mezclas y adulteración y dar al arroz nacional su lugar dentro del consumo.
6) Concentrar los programas de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y con el fin de crear la infraestructura que permita obtener mejores y más seguros cultivos.
7) Debe ser una obligación el proporcionar vía los distritos o delegaciones de Sagarpa la información del tiempo, tanto de los pronósticos anuales como los de corto plazo.
8) La simplificación administrativa, menos trámites, menos requisitos; pero penas severas por incumplimiento, pues con la actual tramitología se está creando un nuevo poder político en los distritos al convertirlos en un verdadero emporio mercantil donde ya se hacen los grandes negocios con los nuevos e interesantes programas de apoyo al campo.
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