La problemática ganadera no sólo se circunscribe a las importaciones excesivas vía legal, sino a la competencia desleal vía contrabando y dumping. La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG) asegura que la facilitación en los procesos de importación, reflejada en la falta de una estricta verificación de las mercancías que ingresan al país, ha permitido el contrabando técnico y bronco de mercancía, aunado a la subvaluación de precios y evasión del pago de aranceles.
En entrevista con Tierra, el diputado Arturo de la Garza Tijerina, presidente de la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados, señala que a territorio mexicano entran muchos productos cárnicos sin la documentación correspondiente, “hay facturas apócrifas, lo que se ha avisado tanto a la Secretaría de Economía (SE) para que les quite el permiso de importación, como a la SHCP para que revise las aduanas. El problema es que mucha de la carne que se importa al país vale menos que lo que cuesta en México”.
La AMEG, en un documento, explica que entre las formas más usuales de contrabando se encuentra la subvaluación de precios, mediante la que los importadores reducen ampliamente los pagos de arancel. En el caso de productos provenientes de Australia y Nueva Zelanda, se calcula que 80 por ciento de los productos ingresan al país con subvaluación, y ha sido detectado en las aduanas de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, así como en Ciudad Juárez, Chihuahua, principalmente.
Otras ocasiones se remiten facturas falsas, con lo que se pretende cambiar el origen de las mercancías, evitando así, el pago de aranceles ya que los productos son identificados como originarios de un tercer país con aranceles más bajos, o bien, adjudicarlos a empresas con cuotas compensatorias más favorables o exentas del pago de impuestos a la importación.
Los casos de falsificación de documentación se han detectado casi en un 100 por ciento en las aduanas de la frontera norte de México. La AMEG considera que 30 por ciento de las facturas provenientes de Estados Unidos son falsificadas o bien alteradas. En el mismo tenor se encuentran los documentos que amparan la clasificación de los productos, debido a que se han detectado firmas de inspectores adscritos a California, Estados Unidos, firmando documentación de estados como Iowa o Texas, el mismo día.
La corrupción agrava el contrabando, por ejemplo: 100 dólares obvian el proceso de verificación en plataforma; diversos agentes aduanales en las entradas de Nuevo Laredo y Tijuana se encuentran involucrados recurrentemente en el paso ilegal de mercancía, sin embargo, al ser denunciados, los procesos administrativos caen en el olvido debido a los excesivos trámites burocráticos que implica el proceso.
Otro problema que se enfrenta en las importaciones, agrega la AMEG, es la falta de inspección sanitaria a los productos cárnicos que ingresan principalmente en los puntos fronterizos de mayor afluencia tales como Laredo y El Paso, Texas, debido a la enorme cantidad de puntos autorizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la distancia entre ellos, se dificulta la supervisión constante.
En el documento de la AMEG se señala que la Sagarpa tiene bajo su responsabilidad vigilar la introducción de productos agropecuarios libres de riesgo sanitario en alrededor de 105 puntos de ingreso al país. Tomando en cuenta que el cuerpo de inspección está conformado por aproximadamente 400 oficiales, es evidente la falta de infraestructura para cumplir con los objetivos.
En la Ley de Sanidad Animal, modificada por el Congreso en esta Legislatura, dice Arturo de la Garza Tijerina, se establece que todo producto que se importe a México tiene que pasar por una verificación en los puertos o puntos de entrada al país; sin embargo, explica que todavía hay 28 plantas en Estados Unidos, las que al estar amparadas siguen verificando dentro de su territorio. Mientras que exportar al país vecino es difícil porque si los productos no pasan las pruebas de sanidad no permiten su ingreso.
Los productores de ganado han solicitado en diversas ocasiones que a la par de la apertura comercial en México se elaboren políticas que eviten el contrabando de mercancías, como la verificación de los productos que ingresan, la presentación de documentos infalsificables, la normalización de la información comercial de los productos, así como cambios estructurales a la Ley Aduanera y a la Ley de Comercio Exterior, para determinar los casos en los que los importadores actúan de manera dolosa al introducir mercancías a precios dumping o con la evasión del pago de aranceles, lo cual daña ampliamente a la industria nacional.
Arturo de la Garza Tijerina explica que el problema con los ganaderos y los porcicultores es que por primera vez en muchos años no alcanzan a desplazar en ningún mercado su producto, ya que no hay quien lo compre. Los importadores prefieren comprar en Estados Unidos porque es más barato que en México, aunque al consumidor final le llegue igual de caro. Por ejemplo, el kilo de carne de puerco les cuesta 7 pesos, mientras que en el país vale 11.
Medidas urgentes
Las comisiones de Desarrollo Rural y la de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados le propusieron al gobierno federal renegociar el TLCAN con el fin de posponer la eliminación de los aranceles de los productos agropecuarios de importación, por lo menos hasta el año 2006 y no en enero de 2003.
El 15 de noviembre pasado, legisladores de la fracción parlamentaria del PRI le exigieron al Ejecutivo federal actúe en consecuencia y frene la apertura comercial pactada para el 2003, mediante una renegociación del capítulo agropecuario, empleando diversos instrumentos constitucionales, así como los suscritos en el TLCAN, ya que de lo contrario se agudizará la crisis en diversas ramas agropecuarias, con el consecuente riesgo de estallidos sociales en varios estados del país.
El Legislativo ha hecho varios exhortos al presidente para que aplique el Artículo 131 de la Constitución que dice: “El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir, o suprimir las cuotas o las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.”
En diferentes foros, el diputado Jaime Rodríguez López, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ha manifestado que existen elementos jurídicos y legales para que en las ramas afectadas del sector se establezcan prórrogas o salvaguardas en tanto se logre resarcir los daños que se tienen al momento. Entre ellas, mencionó el Artículo 43 de la Ley Reglamentaria de Comercio Exterior que está bajo el Artículo 131 Constitucional y el Capítulo 8 del TLCAN, que establece “cualquier rama afectada por el exceso de importaciones tienen derecho no sólo a meter salvaguardas sino de solicitar prórrogas”.
