A partir del 1 de enero de 2017, el gobierno federal y el Pacto contra México no solamente incrementaron los precios de las gasolinas y el diésel entre 20 y 24 por ciento, sino que también abrieron las puertas a la libre importación de gasolinas por corporaciones privadas y al establecimiento de un sistema de fijación de precios con base en los llamados precios de mercado.
El gasolinazo de Peña es una consecuencia directa de las reformas energéticas y fiscal aprobadas por los partidos del Pacto contra México (PRI-PAN-PRD) y específicamente por la aprobación de la reforma constitucional en materia de energía, la ley de hidrocarburos en su artículo transitorio 14 y de la Ley de Ingresos 2017. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y hacerse cargo del grave daño que están causando a los sectores productivos de campo, la industria y los servicios, a la economía de las familias así como a nuestra soberanía alimentaria y energética.
Este gasolinazo además de afectar gravemente la rentabilidad de los productores del campo, disminuir la producción nacional de alimentos, aumentar las importaciones y encarecer la canasta alimentaria básica, representa el fin de la soberanía energética de nuestro país y la entrega a los extranjeros de la base de nuestra soberanía y principal palanca de desarrollo.
En los pasados cuatro años, la devaluación del peso frente al dólar en más del 60 por ciento ha incrementado en esa misma proporción los costos de producción. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo, los precios al productor disminuyeron en 35 por ciento, agudizando la crisis de rentabilidad y descapitalización de los productores agropecuarios, desestimulando la producción nacional e incrementando el volumen y valor de las importaciones agroalimentarias de nuestro país.
Los recientes incrementos de más del 90 por ciento en la tasa de referencia del Banco de México —al pasar de 3 por ciento en septiembre de 2015 al 5.75 por ciento en diciembre de 2016— impactarán en el incremento de las tasa de interés de los créditos al campo, profundizando la crisis de rentabilidad y descapitalización, principalmente entre los pequeños y medianos productores.
En cuanto a los costos de las gasolinas y el diésel, estos se incrementaron en 62 por ciento durante la administración de Felipe Calderón, al pasar de 6.74 pesos/litro a 10.91, y en 51 por ciento, en los cuatro años de la administración del presidente Peña, al pasar de 10.81 pesos a 16.32 pesos/litro en los cuatro años. En total, un incremento de más de 100 por ciento en la última década.
En este contexto, el gasolinazo viene a representar la gota que derramó el vaso de la crisis de rentabilidad, descapitalización, abandono y hartazgo que se vive en el campo desde la entrada en vigor del TLCAN, por lo que nos oponemos rotundamente a este nuevo golpe contra los campesinos y los consumidores y contra la soberanía alimentaria y energética del país.
El gasolinazo es una muestra más de la política de abandono del campo y de entrega de la soberanía alimentaria a los grandes monopolios y grandes productores rentistas de riego que impulsan el TLCAN y el gobierno federal desde 1988 a la fecha.
La liberalización energética en el espejo de la liberalización agroalimentaria
Con el argumento de acabar con el monopolio estatal en los mercados agroalimentarios y promover mercados más eficientes y competitivos, se firmó el TLCAN, se destruyó el Sistema Conasupo, se abandonó el campo entregándose a las “fuerzas del mercado”, y se liberaron las importaciones y los precios a los productores y a los consumidores.
Después de 22 años de la “liberalización” del mercado agroalimentario, se sustituyó el monopolio estatal Conasupo por monopolios privados transnacionales, se profundizó la crisis de rentabilidad y descapitalización de los productores agropecuarios, se liberalizaron los precios y se alinearon a los precios internacionales, cayeron los precios reales al productor y se incrementaron los precios al consumidor, se deterioró la calidad nutricional de la alimentación, crecientes subsidios públicos se canalizan a grandes productores y agroempresas, la economía rural no ha crecido en términos reales, se ha acumulado un déficit comercial agroalimentario de más de 65 mil millones de dólares, y el país pasó de la autosuficiencia a la dependencia alimentaria, importando volúmenes crecientes de alimentos en dólares.
Nuestra posición y demandas:
1. Rechazamos el gasolinazo del gobierno federal y del Pacto contra México (PRI-PAN-PRD). Exigimos la reversión de la Ley de Ingresos 2017, el mantenimiento de los precios de las gasolinas y el diésel al nivel de diciembre de 2016 y que se establezca una moratoria a la importación privada de gasolinas y al sistema de formación de precios derivados de la importación y sus costos y precios de mercado.
2. Exigimos que las refinerías de Pemex trabajen al 100 por ciento de su capacidad instalada y se revierta la política de dependencia energética. De otra forma, sufriremos inevitablemente gasolinazos permanentes en los próximos meses y años.
3. Demandamos que se reviertan las reformas energética y fiscal aprobadas por los partidos del Pacto contra México. Es una obligación rescatar la soberanía energética del país si es que queremos ser un país con soberanía y derecho al desarrollo.
4. Reiteramos nuestra exigencia histórica de renegociar o excluir el capítulo agropecuario del TLCAN, ante las promesas incumplidas de dicho tratado hacia el campo mexicano y la decisión del presidente electo de los Estados Unidos de renegociarlo o cancelarlo, para recuperar nuestra soberanía alimentaria, rescatar al campo y garantizar los derechos de los campesinos y comunidades rurales a una vida digna y a preservar sus territorios, cultura y modos de vida. Reiteramos, asimismo, nuestro tajante rechazo al TPP.
5. Exhortamos a las organizaciones de productores del país a adoptar modelos de producción agroecológica con base en conocimientos integrados, producción local de bioinsumos, energías renovables, cadenas cortas de suministro y organización local autogestiva, y a romper las cadenas que nos han atado al modelo productivo de la mal llamada revolución verde que excluye a los pequeños productores y concentra los subsidios públicos en muy pocas manos, y que nos ha hecho dependientes de monopolios transnacionales; de insumos importados, cotizados en dólares, derivados de hidrocarburos y que dañan agua, suelo, planta, aire, salud humana y animal; de cadenas largas de suministro; uso intensivo y dispendioso de maquinaria, agua, energía no renovable; entre otros hechos contraproducentes e insostenibles. Se trata de dejar de producir en dólares de forma no sustentable y vender en pesos, y empezar a producir en pesos y de manera sustentable para vender en pesos (mercado interno) y en dólares (exportación). Nada nos impide tomar el camino de la productividad y rentabilidad sustentable con independencia, soberanía y sustentabilidad.
6. Demandamos al gobierno federal y al Congreso de la Unión que se declare al sector agropecuario en situación de emergencia nacional y se establezca un Programa Emergente de Rescate del Campo que incluya los siguientes puntos centrales: a) precios de los energéticos al nivel de 2016; b) masificación del programa de financiamiento al pequeño productor de la FND, preservando las tasas de 2016; c) establecimiento de precios-objetivo remunerativos para los cultivos básicos y estratégicos y la obligación de compras gubernamentales de última instancia; d) un programa de apoyos integrales a los pequeños productores tal y como lo ha propuesto la Iniciativa Valor al Campesino, recomendado el Coneval y ordenado la SHCP y la Cámara de Diputados. Al respecto, la Sagarpa ha sido omisa y ha preferido un diseño inercial, disperso, ineficaz y clientelar; y, e) apoyos integrales a la capacitación y asistencia técnica a través de organizaciones económicas de productores locales y no vía despachos ni prestadores de servicios profesionales.
Hacemos un llamado respetuoso a las organizaciones y movimientos campesinos nacionales, regionales y locales a construir un gran movimiento nacional en torno a una agenda mínima estratégica no negociable de defensa de la soberanía alimentaria y energética del país y a evitar utilizar el gasolinazo para negociaciones parciales e inmediatistas que solo dividen, diluyen y desvían el descontento campesino.
Asimismo, hacemos un llamado a rechazar el oportunismo de partidos, gobernadores y legisladores que habiendo sido autores y cómplices del gasolinazo, quieran ahora enmascarar su entreguismo y el grave daño causado a la soberanía alimentaria y energética del país. En todo caso, antes, deben reconocer su error y ofrecer una disculpa pública.
El campo no aguanta más. El país tampoco
Sin soberanía energética no hay soberanía alimentaria. Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco
Defender la soberanía alimentaria y la soberanía energética es defender la soberanía nacional
Información: ANEC
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