Política Agropecuaria

Protección social para la población jornalera en México ante el COVID-19

Primera transmisión virtual: La protección social hacia la población jornalera en México: Seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola, con enfoque de género

Ciudad de México, 21 de mayo de 2020.— Se llevó a cabo la primera sesión virtual de la serie: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para trabajadoras agrícolas temporales ante COVID-19, organizada por el equipo interagencial de Naciones Unidas México en coordinación con la Dirección de la Agenda 2030 de la Oficina de Presidencia de la República, como parte de las acciones en respuesta ante la actual pandemia y quienes participan en el proyecto: Cerrando brechas: Protección social para las mujeres en México.

Dicho seminario es el primero de seis que tiene como objetivo visibilizar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y de la protección social en la población jornalera agrícola, tomando en cuenta el reto de atender las vulnerabilidades de las mujeres de este sector.

“El impacto que tendrá la crisis por COVID-19 en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030, volviendo más complicado no dejar a nadie atrás pero también como una oportunidad para posicionar a la Agenda como una herramienta para generar consensos.

“Las trabajadoras del hogar y trabajadoras del sector agrícola comprenden los grupos de mujeres más vulnerables en el país y por lo tanto se deben de apoyar de manera sistémica, y transversal. No solo impulsando la protección social de las mujeres, también dando condiciones e incentivos a las empresas para fomentar estas fuentes de empleo tan importantes”, comentó Gemma Santana, directora de la Agenda 2030 en México.

“Ante el COVID-19 la situación es compleja, por lo que se vuelve relevante la implementación de proyectos y alianzas estratégicas para acelerar las acciones de protección social para las mujeres en México. Cerrando Brechas: Extendiendo la Protección Social para Mujeres en México, con el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, es necesario fortalecer las políticas de apoyo diferenciadas para la agricultura familiar, campesina, indígena y afromexicana; la productividad sostenible del sector agrícola.”

Por su parte, Helmut Schwarzer, especialista en Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), enfatizó: “Los países del mundo deben de enfrentar la crisis del COVID con políticas articuladas alrededor de cuatro pilares: políticas fiscales y monetarias; apoyo a empresas para apoyar a su vez los ingresos de los trabajadores; poder distanciar del trabajo a aquellas personas que puedan hacer teletrabajo, y el cuarto pilar, diálogo social, consensos entre trabajadores, empleadores y organismos de gobierno.”

“La importancia en tiempos de COVID-19 de cumplir con la seguridad y salud en el trabajo y la protección social, a través de los convenios internacionales que México ha ratificado: el Convenio 102 de Estándares mínimos de seguridad social y el convenio 105 de Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.”

Lourdes Colinas, coordinadora de Proyectos de Empoderamiento Económico de ONU Mujeres en México, señaló: “La pandemia por COVID-19 ha traído y visibilizado las barreras a las que las mujeres se enfrentan, seguridad en los ingresos, en el caso particular de las trabajadoras agrícolas, grupo particularmente vulnerable. Las mujeres tienen salarios inferiores por el mismo trabajo, menos acceso a crédito y están sobrerrepresentadas en el mercado informal, además que la protección social muchas veces se ve interrumpida por las tareas de cuidado. Las mujeres indígenas y afrodescendientes en mayor parte no acceden a protección social y no pueden trabajar a distancia, lo que les genera incertidumbre en su remuneración, sobre todo por la ausencia de contrato formal.

“La seguridad alimentaria puede verse afectada por las dificultades de acceso a alimento por el cierre de servicios en las zonas rurales, aunado a la crisis de violencia de género que se está viviendo por el confinamiento a nivel intrafamiliar, además se deben promover medidas de transferencias inmediatas de efectivo que aborden la diferencia de género, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.”

Para finalizar, Lina Pohl, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), comentó: “La situación que nos encontramos en México, es que seis de cada diez mujeres rurales viven en pobreza, tienen menor ingreso económico; menor posesión de la tierra; limitada participación política, por lo que no toman decisiones sobre sus bienes; escaso acceso a la seguridad social y a los servicios de salud; así́ como largas jornadas de trabajo. Solo tres de cada diez mujeres que laboran en el sector agropecuario reciben un salario por su trabajo y solo el 13 por ciento de las mujeres rurales tenía acceso a servicios de salud. Por eso el gobierno, en el marco de la agenda 2030, solicitó a la ONU propuestas de política pública para asegurar la protección de este sector vulnerable.”

“Las personas jornaleras agrícolas, debido a la falta de protección social y migración en torno a los ciclos productivos de las cadenas agroalimentarias, están más expuestas al COVID-19, al no poder dejar de trabajar, ya que su trabajo es una actividad esencial. Se está avanzando en las recomendaciones de política pública para la protección social de las jornaleras agrícolas. Es de gran relevancia impulsar mecanismos flexibles de acceso a servicios de salud y una agenda de protección social ampliada en coordinación con las empresas empleadoras, gobierno y la población jornalera organizada.”

Finalmente, reconoció que eliminar las brechas de las mujeres es una tarea compleja, por lo que además del trabajo del sistema de Naciones Unidas es vital la coordinación y acciones conjuntas que el gobierno federal ha tenido en el tema.

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