El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció acoso del Ejército y paramilitares a comunidades
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (México).─ El reconocimiento del derecho a la tierra, de su trabajo en el campo, del disfrute de los recursos naturales y a vivir una vida libre de violencia, son aún asignaturas pendientes para las mujeres indígenas en el estado de Chiapas.
Durante la presentación del Informe 2010 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fundado por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, la activista Magdalena Gómez advirtió que las violaciones a las garantías humanitarias de las indígenas chiapanecas se han recrudecido por las disputas territoriales derivadas del llamado Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá.
“Ellas son víctimas de las principales estrategias para generar confrontación al interior de las comunidades, mediante la intimidación y acoso de militares, policías y organizaciones de corte paramilitar”, explicó.
El informe del Frayba contiene el capítulo “Mujeres en defensa del territorio”, el cual es una recopilación de testimonios de mujeres indígenas que ven afectadas sus comunidades por programas “neoliberales” del gobierno de Chiapas, como el de ciudades rurales o los “proyectos verdes” cuya finalidad es fomentar el turismo y una supuesta productividad agrícola.
Magdalena Gómez acusó que las indígenas han permanecido invisibles en la lucha por la tierra, a pesar de que en las comunidades ellas son las productoras primarias de la economía familiar, las principales proveedoras de alimentos, las que cuidan la salud y mantienen la cultura desde su cosmovisión ancestral.
Destacó que el informe del Frayba denuncia que a la par de que las mujeres padecen una embestida externa que busca su exterminio como pueblos, al interior de las comunidades también hay situaciones de opresión que alientan la desigualdad de género.
“El hecho de que desde las comunidades se haya dado una autocrítica y reflexión del estado de respeto de los derechos humanos de las mujeres es un aporte valioso que nos dice que no habrá transformación en ningún ambiente donde se vulnere a las mujeres”, sostuvo Gómez.
La activista criticó las “políticas neoindigenistas” del Estado mexicano aplicadas desde 2001: “Está claro que fueron políticas instrumentadas para lavarse la cara a nivel internacional y decir que los derechos de los pueblos estaban siendo respetados; hoy decimos que esas políticas no sólo no han generado mejores condiciones para los pueblos, sino que han generado una mayor pobreza.”
Ya desde 2007, se agrega en el Informe 2010 del Frayba, Rodolfo Stavenhagen, entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, había reportado que la disminución continua de territorio de los pueblos indígenas corresponde a “intereses de empresas, invasores y colonos individuales que anhelan la posesión de tierras”.
Como conclusión del capítulo “Mujeres en defensa del territorio”, el Frayba remarca la necesidad de que las comunidades generen alternativas que reconozcan las formas específicas de relación de las mujeres con la tierra y el territorio, para poner en práctica estrategias que posibiliten y fortalezcan el acceso de las mujeres a los recursos naturales, la toma de decisiones, a los servicios de educación y capacitación, así como a los medios para obtener recursos.
Igualmente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas subraya que se debe reconocer y asegurar el acceso y tenencia de la tierra sin importar el estado civil de las mujeres.
2000 Agro (Con información de Patricia Chandomí, corresponsal de Comunicación e Información de la Mujer – Cimac)
