Hace 30 años, el gobierno brasileño, entonces en poder de una camarilla militar, resolvió impulsar un programa para obtener combustible a partir de la caña de azúcar. Se le llamó Pro-Alcohol y buscaba superar los problemas que se presentaron en dicho país por la crisis energética mundial que comenzó en 1973.
El nuevo combustible, el etanol, era menos contaminante que los tradicionales y causaba menos daños a la salud de la población. En términos económicos mostró que podía ayudar a resolver la falta de hidrocarburos y evitar el aumento excesivo del precio de los mismos.
El programa fue apoyado por los hacendados dueños de ingenios azucareros y grupos industriales vinculados a la industria automotriz. Según las estadísticas oficiales, el éxito logrado se expresó en los 600 mil vehículos nuevos que cada año salían de las plantas ensambladoras con el sistema para aprovechar el etanol.
Pero fue muy criticado por los grupos ambientalistas, pues extensas áreas antes cubiertas de selva fueron arrasadas para dar paso a las plantaciones cañeras. Además, su cultivo significó la explotación de miles de jornaleros agrícolas que, cuando exigieron sus derechos laborales, fueron reprimidos por la fuerza pública y los grupos al servicio de los dueños de las plantaciones y los ingenios. Las utilidades se quedaron preferentemente, como es costumbre, en los dueños del capital.
Otro aspecto muy negativo fue el desperdicio que se hacía de buena parte de la caña y el destino de los desechos originados al elaborar el etanol. Por ejemplo, contaminaban los ríos y se “acidificaban” las áreas donde era depositado el bagazo.
Luego de casi tres décadas de éxito, la producción de etanol se vino abajo por cuestiones de mercado, concretamente por el aumento que registró el precio internacional del azúcar. El gobierno de Brasil no pudo convencer ni obligar a los dueños de los complejos agroazucareros a seguir elaborando etanol. Prefirieron obtener dulce para la exportación; aprovechar los tiempos de las vacas gordas.
En tanto, no hubo políticas oficiales para respaldar las exigencias de combustible de los millones que poseían unidades automotrices movidas con base en el nuevo energético, el cual aumentó de precio y no compitió favorablemente con los hidrocarburos.
Durante el gobierno anterior se tomó la decisión de impulsar la política de doble energía automotriz, que permitía a las nuevas unidades contar con sistemas para utilizar etanol e hidrocarburos. El éxito fue inmediato y no significó aumento en el precio de las unidades, que al año suman más de un millón.
Ahora otros países piensan en la conveniencia de producir etanol derivado de la caña de azúcar y el maíz. Es el caso de Estados Unidos, donde Chrysler acaba de anunciar que producirá a partir de 2008 unos 500 mil vehículos al año que se moverán con dicho energético. Mientras, en México el etanol es apenas una referencia.
Los proyectos para obtenerlo en varias entidades que sobresalen por su producción cañera, como Jalisco, Veracruz y Sinaloa, no existen por falta de apoyo oficial, falta de visión de los dueños de los ingenios y de las empresas automotrices de producir unidades de doble uso energético. Ni siquiera la Volkswagen, que los elabora en Brasil con gran éxito.
Cabe recalcar que la industria y el agro cañeros están en crisis desde hace cuatro décadas, son ineficientes productivamente y no les basta para modernizarse el creciente apoyo oficial vía subsidios y “reestructuraciones” que a todos nos cuestan y hacen más ricos a unos pocos, incluidos algunos líderes obreros.
Pero por desidia no paramos: desde hace años investigadores tan prestigiosos como Humberto Bravo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, insisten en los graves problemas para la salud y el ambiente que significa el altísimo contenido de azufre de la gasolina que se vende en México. O por utilizar MTBE como aditivo en dicho energético (es muy contaminante y puede originar cáncer, por lo cual se prohibió en Estados Unidos).
La respuesta oficial es la sordera. Y eso que hacemos parte de un acuerdo ambiental con Estados Unidos y Canadá y que el gobierno panista y su candidato, Felipe Calderón, nos aseguran que proteger el ambiente y la salud son asuntos prioritarios.
Fuente: La Jornada
