La denuncia, interpuesta el lunes, se dirige contra Sagarpa, Profepa y PGR
MÉXICO.— Seis organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes de la comunidad rural “El Consuelo” denunciaron al gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestamente negarse a investigar la contaminación de cultivos locales con maíz transgénico en el estado de Chihuahua, informó Greenpeace.
La denuncia, interpuesta el lunes, se dirige contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría General de la República (PGR) “por la falta de investigación sobre el caso de entrada ilegal y transgénica en cultivos de maíz en el estado de Chihuahua, lo cual vulnera los derechos de consumidores y productores así como sus derechos culturales”, indicó en un comunicado la organización ambientalista.
Según los demandantes, en 2007 se sembró de manera ilegal maíz transgénico en el Valle de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, a pesar de que el país cuenta con una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que establece la protección para el maíz local.
La comunidad “El Consuelo”, ubicada en el municipio chihuahuense de Carichí, y las organizaciones sociales El Barzón, Frente Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México son los promotores del recurso legal ante la CIDH.
Según los activistas, hace dos años presentaron una primera denuncia ante la Fiscalía mexicana por los mismos hechos y hasta el momento no han tenido respuesta.
México carece de “un recurso legal efectivo en materia de organismos genéticamente modificados (OGM)”, lo que sumado a la supuesta falta de investigación sobre la contaminación genética de maíz “vulnera los derechos de los consumidores y productores, así como el derecho a la propiedad y el derecho a la información”, indicó en el comunicado Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
“Recurrimos a una instancia internacional para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de maíz transgénico a territorio nacional, violando la normatividad existente”, señaló por su parte el presidente del Frente Democrático Campesino, Pedro Torres.
A juicio de la coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, Aleira Lara, “el caso de Chihuahua es evidencia contundente de la falta de capacidad efectiva y voluntad política del gobierno mexicano para detener la contaminación transgénica del maíz mexicano”.
En octubre de 2009 el gobierno mexicano entregó los primeros permisos para la siembra experimental de maíz transgénico en “terrenos controlados y totalmente aislados” y en estados donde no hay maíz criollo.
Fuente: EFE
