El costo económico de la desprotección del sector agropecuario, del haber terminado con las políticas agrícolas en México, durante el periodo 1984-2001, es de alrededor de 120,000 millones de dólares, o sea, lo que hemos dejado de producir en alimentos, consideró el investigador de la UNAM, José Luis Calva.
En conferencia de prensa, el experto manifestó que existe preocupación entre los productores nacionales ante la entrada en vigor el próximo año de la fase del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que implica la liberalización casi completa del sector agropecuario y, por otra parte, por la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural.
Expuso que las políticas equivocadas del gobierno mexicano han llevado al país a una dependencia alimentaria creciente, por lo que si en 2001 importamos en alimentos más de 11,000 millones de dólares, este año la cifra será de 13,000 o 14,000 millones de dólares. Esto gravitará sobre nuestras cuentas externas en forma dramática.
La apertura comercial combinada con frecuentes procesos de sobrevaluación del campo mexicano y la supresión de los precios de garantía provocó que entre 1983 y 2001 los productores de maíz perdieran 53.9 por ciento de su poder adquisitivo, los de trigo 48 y los de soya 59 por ciento. En cuanto a rentabilidad, los productores de maíz han perdido 60 por ciento de su poder de compra; los de trigo 58.6; los de soya 65.1, los de frijol 40.2 por ciento.
En tanto, precisó el especialista, en Estados Unidos hay un incremento global de 82,000 millones de dólares anuales ejercidos en la ley agrícola anterior (periodo 1996-97) a 118,000 millones de dólares en el ciclo 2002-2011, en apoyo a los productores estadounidenses.
José Luis Calva comentó que la liberación abrupta del comercio exterior y el desmantelamiento «brutal» de la inversión y el gasto en fomento agropecuario, se traduce en que la inversión pública para la agricultura represente hoy menos del 5 por ciento de lo que se ejercía al inicio de la década de 1980. El gasto global en fomento agropecuario se ha reducido 73.1 por ciento, si incluimos el Procampo.
El resultado de esta política ha sido una dramática caída de la producción de alimentos per cápita. Tenemos un Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario per cápita 14 por ciento menor; la producción de granos per cápita es 26 menor; la de carnes rojas es 29 menor y la de maderables es 22 por ciento menor. Como contraparte, si incluimos el conjunto del sector agroalimentario, las importaciones de alimentos saltan de 1,790 millones de dólares en 82 a 11,077 millones de dólares en 2001.
El investigador apuntó que frente a esta tijera que es la ley agrícola de EU y la apertura comercial el gobierno anunció, con un ruido exagerado para el tamaño de los apoyos que se pretenden dar, el llamado «blindaje agroalimentario», que en realidad es un «blindaje de papel».
Y es que, explicó, el presupuesto agropecuario total, descontando los recortes que se han hecho al gasto público, es de 34,500 millones de pesos, comparados con los 118,000 millones de dólares que se están ejerciendo a partir de este año en Estados Unidos, esto «nos marca una brecha dramática en los apoyos hacia el campo en ambos países».
Lo que necesitamos en México –anotó- es una nueva visión del desarrollo agropecuario. Desde los ochenta recomendamos una estrategia de negociación comercial para el TLCAN, que insistía en un sistema de precios de garantía o soporte, que está en la ley agrícola de Estados Unidos hacia 2011, en las leyes agrícolas de la Unión Europea y en las prácticas agrícolas de Canadá.
También, agregó, México necesita restaurar la inversión y el flujo de apoyos en investigación y extensionismo para el sector agropecuario, apoyar la infraestructura y aliviar la situación difícil en términos de capital disponible como crédito agrícola para nuestro campo.
Además se requiere resolver el problema de la asfixia de capital de trabajo que padece el sector agropecuario, porque no se ha resuelto el asunto de la cartera vencida. La solución integral tiene que arrancar del sistema de precios, ya que para que los agricultores puedan pagar el crédito necesitan tener precios rentables, concluyó.
