Análisis

Académicos promueven el derecho a la alimentación

Cómo un grupo de académicos pioneros en España está contribuyendo a la lucha contra el hambre

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019.— “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, salud y bienestar, y especialmente alimentos, ropa, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; (…)”, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.

En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó un hito importante con el primer reconocimiento internacional de los derechos humanos fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25 de esta Declaración establece el derecho humano a la alimentación. Sin embargo, 71 años después, todavía hay millones de personas en todo el mundo que carecen de estos derechos básicos. Más específicamente, más de 820 millones de personas no tienen suficientes alimentos nutritivos para llevar una vida activa y saludable.

Desde su creación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha dedicado todos sus esfuerzos a erradicar el hambre y la desnutrición. Con este fin, la Organización trabaja en estrecha colaboración con sus Estados miembros, pero también con actores de otros sectores esenciales para garantizar que se respete el derecho a la alimentación en todo el mundo.

El hambre y la desnutrición no solo afectan a los países en desarrollo. Incluso en países de altos ingresos, la gente sigue luchando por este derecho. Los alimentos no solo deben ser accesibles, sino que también deben ser saludables y nutritivos. Los gobiernos deben trabajar para garantizar que este sea el caso, adoptando legislación para hacerlo.

“El hambre es un problema complejo que no se puede abordar de forma aislada desde una sola perspectiva, ya que hay varios factores que afectan la agricultura y la alimentación”, explicó Celia Fernández Aller, profesora de Derecho de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Celia es parte de Right to Food Watch en España (ODA-E), una red de académicos únicos en Europa.

“Una vigilancia de esta naturaleza es necesaria en España”, dijo con firmeza. “No solo porque la inseguridad alimentaria ha empeorado en los últimos años, sino porque la construcción de un mundo más justo involucra a todos los países. Las naciones desarrolladas causan e influyen en muchos de los problemas que afectan al mundo, como el cambio climático, el modelo industrial y el consumo de energía.”

Otra de las prioridades de la ODA-E es dejar de comer de forma poco saludable. Las dietas poco saludables son un factor de riesgo principal de muertes causadas por enfermedades no transmisibles, como la diabetes y ciertos tipos de cáncer. El tratamiento de estas enfermedades también tiene un impacto negativo en los presupuestos nacionales de salud.

Celia colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde la Watch ofrece talleres sobre el derecho humano a una alimentación adecuada a los funcionarios con el objetivo de contribuir al reconocimiento institucional de este derecho universal.

Celia fue una de las invitadas a hablar en la mesa redonda organizada por la FAO en el evento del Día Mundial de la Alimentación en España:

“En mi discurso ante los miembros del Ministerio de Agricultura, insté al reconocimiento del derecho humano a una alimentación adecuada, no solo por parte de los Estados, sino también por parte de las empresas y toda la sociedad. Fue una excelente oportunidad para aumentar la conciencia política y pública sobre su importancia”, dijo.

Otro miembro de la ODA-E, Amparo Novo, que es profesora de Sociología de los Alimentos en la Universidad de Oviedo en el norte de España, participó como observadora en la primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Desnutrición. Celebrado en octubre de 2018 en la capital española, Right to Food Watch preparó un conjunto de propuestas y desafíos: entre ellos, implementar políticas fiscales que gravan los alimentos procesados, restringir la publicidad de alimentos que afectan las dietas poco saludables y desarrollar una ley marco sobre el derecho a comida.

“Es necesario alentar un diálogo con las instituciones involucradas; de lo contrario, no podremos erradicar el hambre y la desnutrición”, dijo Amparo.

La ODA-E generalmente trabaja con los responsables de la toma de decisiones para lograr sus objetivos, especialmente la recientemente creada Alianza Parlamentaria Española para el derecho a la alimentación.

“Son uno de nuestros mejores aliados. Contamos con su apoyo. Nuestro objetivo final es ayudar en el análisis de iniciativas legislativas y monitorear su progreso. Juntos podemos aclarar cuál es el mejor camino en política y gobernanza para llevar a cabo el derecho humano a una alimentación adecuada”, agregó Amparo.

La ODA-E se creó en 2018, inspirada en la AOD de América Latina y el Caribe, que comenzó en 2011. Ambos Relojes cuentan con el apoyo del equipo de la FAO para el Derecho a la Alimentación y la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, que fue resultado de la alianza entre el gobierno de España y la FAO.

“Notamos que los desafíos que enfrenta América Latina, como el cambio climático o la migración, también afectan a España. El hambre y la desnutrición son un problema mundial, y también sufrimos en Europa”, afirmó Amparo.

La ODA-E ha atraído mucho interés desde su creación y actualmente está compuesta por diez universidades, diez entidades sociales y unos 40 investigadores individuales. Todos ellos participan regularmente en actividades de promoción, con la opinión de que esta información necesita una amplia visibilidad y una aplicación práctica para crear conciencia y cambio, en lugar del conocimiento que permanece a puertas cerradas en oficinas o bibliotecas.

El sector académico tiene la responsabilidad fundamental de cultivar el conocimiento, difundir datos precisos, desarrollar capacidades analíticas y comunicar el valor de los derechos humanos básicos. La Agenda 2030 exige la participación de una variedad de actores, y el mundo académico tiene mucho que contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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