El presidente de México hizo entrega de nueve Carpetas Básicas Agrarias, que regularizan un total de 4 mil 486 hectáreas en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, en beneficio de habitantes de seis núcleos agrarios
Redacción 2000 Agro
Ciudad de México.─ En el marco del Programa de Ordenamiento de la Propiedad Rural, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo entrega de certificados de propiedad, hecho que calificó como un acto de “justicia social”, ya que muchas gestiones para lograr la tenencia de la tierra iniciaron hace más de cuatro décadas.
En este sentido, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene instrucciones de acelerar los procesos que permitan a las comunidades agrarias resolver la legítima propiedad y tenencia de sus tierras, ya que, agregó, “es necesario otorgar mayor certidumbre jurídica a quienes son poseedores de la tierra, a quienes la han trabajado y que, lamentablemente, no tenían título alguno de propiedad que amparara la legítima posesión sobre la misma”.
Durante el acto, celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto hizo entrega de nueve Carpetas Básicas Agrarias, que regularizan un total de cuatro mil 486 hectáreas en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, en beneficio de habitantes de seis núcleos agrarios.
Asimismo, entregó a 16 gobiernos estatales 54 carpetas de expropiación, mediante las cuales se otorga la posesión y propiedad de cuatro mil 438 hectáreas.
Peña Nieto agregó que la Sedatu mantendrá las funciones que realizaba la Secretaría de la Reforma Agraria, para apoyar y estar cerca de las comunidades agrarias, al tiempo que ampliará sus atribuciones para asegurar que haya una mejor planeación del territorio así como dar certidumbre jurídica a los mexicanos que son poseedores de parcelas o tierras.
Por su parte, el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó que a través de la secretaría se intensificará la atención a los asuntos agrarios, para lograr que haya paz en el campo, más oportunidades de productividad y mayor congruencia entre las acciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y quienes son dueños de la propiedad social.
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