En México, la gran mayoría (68%) de los 4,069,938 agricultores del país son propietarios de cinco o menos hectáreas
Aunque existe un Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), cuyas políticas públicas deberían orientarse a garantizar el bienestar de los campesinos y su participación en el desarrollo nacional, con prioridad a quienes viven en zonas de alta y muy alta marginación de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, este programa no ha contribuido a mejorar las condiciones de pobreza en la que viven millones de familias campesinas en México.
En México, la gran mayoría (68%) de los cuatro millones 69 mil 938 agricultores del país son propietarios de cinco o menos hectáreas. Estos productores son quienes generan la mayor parte del empleo contratado en el campo (56.8%) y producen alrededor del 39 por ciento de los productos agrícolas. A pesar de su aporte a la economía, son estos mismos productores quienes reciben menos recursos y apoyos del gobierno.
Los recursos y apoyos públicos para el campo se agrupan en el PEC. El artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable especifica que las políticas públicas del PEC deberán orientarse a garantizar el bienestar de los campesinos y su participación en el desarrollo nacional, dando prioridad a quienes viven en zonas de alta y muy alta marginación. Sin embargo, el PEC no ha contribuido a mejorar las condiciones de pobreza en la que viven millones de familias campesinas en México.
La evidencia demuestra que los subsidios están mal distribuidos: se concentran en los grandes productores, especialmente en algunos estados del centro y del norte del país, y no atienden a los municipios con altos porcentajes de población indígena y con mayores niveles de marginación.
A pesar de que los recursos para el campo han aumentado significativamente (según Héctor Robles, en el periodo 2003-2013 el presupuesto para este fin creció 170 por ciento) la distribución arbitraria de los recursos da como resultado, según las cifras de 2013 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, un aumento de la población en condiciones de pobreza en las zonas rurales: alimentaria (2004: 28.0%; 2012: 30.9%), de capacidades (2004: 36.2%; 2012: 40.2%) y patrimonial (2004: 57.4%; 2012: 63.6%).
La distribución de los recursos que hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), favorece a los grandes productores en detrimento de quienes producen a menor escala. El estudio coordinado por Jonathan Fox y Libby Haight, Subsidios para la desigualdad (2010) demuestra que existe una relación directa entre recursos y tamaño del predio: a mayor tamaño de predio una mayor asignación presupuestal para las actividades productivas.
En esta publicación, diversos autores evidencian que los dos deciles de mayores ingresos por producción agrícola concentran el 73 por ciento de los recursos de los programas de subsidios para el campo. Por su parte, en el mismo libro John Scott señala que el decil de los productores más pobres recibe apenas una décima de punto porcentual del programa Ingreso Objetivo y sólo entre 2 y 3 por ciento de Procampo (ahora Proagro).
Además, las políticas públicas productivas hacia el campo se encuentran sumamente concentradas en muy pocos estados. Las cinco entidades que concentran la mayoría de los subsidios de las vertientes competitiva y financiera son: Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Jalisco, todos en el norte del país. Estos cinco estados concentran el 41.8 por ciento de los recursos de las vertientes productiva y financiera de los recursos públicos para el campo, a pesar de que solamente contienen 9 por ciento de las unidades productivas que existen en el país. En cambio, los estados del sur en lugar de recibir más recursos para incrementar la productividad, reciben los recursos de la vertiente social del programa.
La política pública de subsidios para el campo en México no está beneficiando a aquellos a quienes tendría que estar dirigida. Lo anterior nos permite afirmar que se tiene que hacer una reestructura completa de los programas de subsidios para este sector que solucione la concentración y la desigualdad en la distribución de recursos para el campo.
Fuente: Animal Político
