A Alberto Cárdenas poco o nada le importó el llamado que le hicieran diputados federales para que la Secretaría de Agricultura ya no violara la Constitución y varias leyes más, al evadir los procesos de licitación de servicios a que está obligado acatar el gobierno federal.
Además, con su firma estampada en un nuevo convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el secretario de Estado seguirá manteniendo una nómina paralela a la permitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El compromiso fue suscrito el 30 de agosto y su vigencia termina con el sexenio de Felipe Calderón, el 30 de noviembre de 2012. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores lo convalidó el 27 de septiembre, a través de su área jurídica.
A principios de octubre, Milenio publicó que mientras el gobierno federal desembolsa anualmente un millón 700 mil dólares en la membresía del IICA, la Sagarpa utiliza a ese instituto para evadir licitaciones de bienes y servicios.
También se consignó que la Sagarpa cuenta con una plantilla de personal paralela a la autorizada por Hacienda.
Son 937 empleados, en su mayoría extranjeros, adscritos a diversas direcciones y a algunos de ellos les paga en dólares.
Pese a la violación flagrante de la Carta Magna y de otras leyes, el 30 de agosto Cárdenas citó en sus oficinas a Christopher Hansen, director de Operaciones e Integración de la Región Norte del IICA para ejecutar el acuerdo, con cuya copia cuenta Milenio.
El “Acuerdo General” se firmó con el concepto de “Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos”; sin embargo, en éste no se precisa el monto de los recursos públicos que se destinarán a las cuentas bancarias de IICA, aunque sí se establece que ese organismo cobrará 8 por ciento de comisión por el manejo del presupuesto del erario federal, además de los sueldos que pagará a sus colaboradores y asesores externos a la Sagarpa.
En el apartado de los considerandos se indica que Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo especializado en temas agropecuarios y su misión es la de “apoyar a los estados miembros en su búsqueda del progreso y la prosperidad en el hemisferio mediante la modernización del sector rural, la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo de un sector agropecuario competitivo, tecnológicamente preparado, ambientalmente administrado y socialmente equitativo para los pueblos de las Américas”.
En ese sentido, el titular de la Sagarpa sostuvo que es del interés de esa dependencia “sumar acciones y recursos con el IICA para que, a través de programas de cooperación y con sujeción a la normatividad aplicable, se pueda responder a mejorar los procesos de competitividad en los mercados nacionales e internacionales, ofertando productos agropecuarios sin riesgo sanitario”.
En el “Acuerdo General” del documento se precisan las áreas en que habrá de “cooperar” IICA con la Sagarpa: cooperación técnica y capacitación; planeación estratégica; desarrollo tecnológico; evaluación y formulación de estudios y proyectos; intercambio de experiencias en desarrollo agropecuario; cooperación técnica horizontal; financiamiento rural, acompañado de asistencia técnica; campañas y acciones emergentes en materia fitozoosanitaria; programas de inocuidad agroalimentaria; esquemas de riesgo compartido; comercio y agronegocios, e información”.
Respecto de varios de esos puntos que ya se habían establecido en otros convenios, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados reportó varias irregularidades y realizó una serie de observaciones entre las que destacaron la violación a la Constitución del país.
Fuente: Milenio
