Por: Isabel Rodríguez*
Foto: 2000 Agro / Isabel Rodríguez
Desde 2011, la sequía que afecta al sector agropecuario en México no ha dado tregua a los productores del campo; según estimaciones oficiales, a la fecha la sequía ha provocado afectaciones en 19 estados del país, dos terceras partes de la República Mexicana.
Por si esto no fuera suficiente, el futuro no es halagüeño, ya que se ha pronosticado que la seca persista en las entidades en las que tuvo consecuencias más graves y que se intensifique hacia el centro de México.
De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el periodo de sequía que ha enfrentado el campo mexicano ocasionó que 30 por ciento de la producción nacional de alimentos se perdiera, lo que pone en riesgo la estabilidad del abasto nacional.
En este contexto, en su más reciente informe sobre el estado mundial de la agricultura, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, pos sus siglas en inglés) ubica a México como el tercer país que más redujo su producción de alimentos en 2011, sólo superado por Etiopía y Sudáfrica.
La sequía –que agravó las ya de por sí difíciles condiciones productivas del campo en México, luego de las heladas e inundaciones ocurridas entre 2010 y 2011– además de alertarnos sobre la posibilidad real de enfrentar una emergencia alimentaria sin precedentes, nos ha llevado a replantear el modelo de la producción de alimentos en México así como a reorientar el gasto público destinado al campo.
Al respecto, el informe de la misión a México del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, presentado en marzo de este año, señala que aunque algunos programas gubernamentales establecen como su objetivo principal beneficiar a los productores más pobres, estudios recientes indican que las actuales políticas agrarias favorecen a los estados, los municipios y los productores o las familias más ricos.
El documento refiere que en 2005 los seis estados más pobres del país recibieron solo el 7% del gasto público total en agricultura, a pesar del hecho de que en ellos vivía el 55% de la población más pobre. Los estados pobres, como Chiapas u Oaxaca, obtienen solo una décima parte del apoyo per cápita que reciben los grandes estados agrícolas de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Sonora.
En 2006 –abunda el informe del relator especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter– el 70% de los municipios más pobres recibió solo el 40% del gasto de Procampo y el 6% del Ingreso Objetivo. Con base en lo anterior, el efecto de las políticas agrarias en los productores y las familias es tan regresivo como el que se constata en los planos estatal y municipal, ya que en 2005, el 10% de los productores más pobres –en términos de tierras– recibió un 0,1% del Ingreso Objetivo, mientras que el 10% más rico recibió el 45% de la ayuda de Procampo, el 55% de la Alianza del Programa de Desarrollo Rural (PDR), el 60% de las subvenciones en las esferas de la energía y los recursos hídricos y el 80% de las transferencias del Ingreso Objetivo.
