El investigador de la Universidad de Berkeley, Ignacio Chapela, señaló que no tiene sentido que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) haya autorizado la siembra experimental de maíz transgénico que las empresas transnacionales ya comercializan, situación que además viola el artículo 66 de la Ley de Bioseguridad, ya que la dependencia sólo informó del hecho a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El investigador, quien descubrió la contaminación transgénica en las siembras de maíz tradicional en la sierra Juárez, de Oaxaca, señaló que esto constituye la base para que se dé el cultivo comercial de maíz transgénico en México. Sostuvo que en este caso pesan los intereses de la industria, que son apoyados por funcionarios como Víctor Manuel Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la Sagarpa.
Sumado a ello, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), encargada de coordinar las políticas del tema en el país, «desde su creación ha operado con muchas fallas, debido al control corporativo que sobre el organismo han tenido las transnacionales por medio de Villalobos», consideró Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace.
La Sagarpa informó el 22 de octubre sobre las autorizaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y al Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav). Se trata de cultivos de los transgénicos de maíz Herculex, resistente al herbicida glufosinato de amonio, de las compañías Dow Agrosciences y Pionner, y YieldGard, Faena 2 y Mon 88017, de Monsanto, inmune al herbicida glifosato.
De acuerdo con Ignacio Chapela, se trata de «plantas comerciales que se siembran hace mucho, y no tiene sentido que con ellas quieran hacer experimentos. Causa sospecha que se den permisos para investigación de algo con lo que ya no se experimenta, porque los estudios ya se hicieron y no tienen que repetirse en el país. Parece que lo que buscan demostrar es que está permitido plantarlos en México».
«Es una irresponsabilidad del gobierno. No me parece que haya una razón legítima, y esas decisiones de nivel público deberían darse previa consulta pública, lo cual no ha ocurrido, porque saben que cuando pregunten todos van a decir que no.»
El artículo 66 de la Ley de Bioseguridad señala: «Los dictámenes que deberá emitir la Semarnat únicamente se requerirán tratándose de actividades de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial de OGM que sean de competencia de la Sagarpa», y agrega que ésta «expedirá el permiso de liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente que corresponda, siempre que el dictamen que emita la Semarnat sea favorable».
Fuente: La Jornada
