ZACATECAS, ZAC.— Unas 200 hectáreas de cultivo han sido devastadas por la familia Monreal Jiménez, que durante una década ha saqueado miles de toneladas de tierras arcillosas en tres ejidos del municipio de Pinos, con la anuencia de autoridades federales y estatales, afirmaron ejidatarios.
Señalaron que esta sobreexplotación no sólo afecta la economía de los campesinos, sino también ha causado accidentes graves, algunos mortales, y contaminación en los pozos.
Los campesinos aseguraron que las tierras saqueadas pertenecen a los ejidos El Mezquite, Cerrito de Dolores y El Machucado, las cuales son ricas en caolín, que se utiliza en la elaboración de pinturas, papel, pisos y otros productos. Se calcula que cada año se extraen 24 mil toneladas de ese material.
El asesor de los tres ejidos afectados, Alejandro Blanco Ochoa, aseguró que la familia Monreal sorprendió a los ejidatarios con un título de explotación y los amenazó con quitarles sus tierras, por lo que ahora exigen que las autoridades “cancelen la explotación de materiales”.
Los campesinos advirtieron que se trata de “un problema social que a las autoridades les pasa de noche y puede desencadenar una matanza”.
Juan José García, ejidatario de El Machucado, explicó que la contaminación de los pozos de abrevadero se debe a que los mineros “no explotan la tierra con maquinaria adecuada. Nuestros animales ya no toman agua y se están muriendo”, añadió.
Expresó que la familia Monreal evade impuestos y hace dos años el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le aplicó una multa de 300 mil pesos por no pagar cuotas.
Mencionó que en la mina han ocurrido accidentes graves en los que han muerto varios trabajadores y otros han quedado mutilados.
Joaquín Niño López, comunero del ejido de Cerrito de Dolores, dijo que la mina carece de estudios de impacto ambiental y que los campesinos se dieron cuenta de estas irregularidades hace un año, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les advirtió sobre el desastre ecológico causado por la sobreexplotación.
Fuente: La Jornada
