El proyecto enviado el 29 de mayo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sobre el régimen especial de maíz que regulará los cultivos experimentales de este grano fue retirado, por lo que será elaborado a partir de cero y queda pendiente la reglamentación que autorice o no cultivos experimentales y comerciales de maíz.
Al comparecer en el Senado de la República, el secretario ejecutivo de la Comisión de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Marco Antonio Meraz, y el director del Sector Primario de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Roberto Remes, explicaron el estado en que se encuentra el régimen del maíz que se deberá aplicar en el país, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad.
El establecimiento del régimen especial es necesario para dar las autorizaciones de cultivo experimental de maíz, lo que hizo que se echara para atrás el permiso que había dado la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) para el desarrollo del Programa Maestro de Maíz, que se preveía realizar con maíz transgénico de Monsanto y Pioner en campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
Durante el encuentro con los legisladores, los funcionarios negaron que estén recibiendo presiones de Monsanto para sacar con rapidez ese proyecto. Meraz sostuvo que las liberaciones experimentales de maíz, si se llegasen a dar, serían bajo un control riguroso y podrán proporcionar información sobre los posibles riesgos de la biotecnología para definir la mejor forma de protección.
Aseguró que esto es congruente con las recomendaciones que hizo la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), en el sentido de que los cultivos se pueden hacer planeados y controlados, para procurar la información científica sólida que permita responder a las interrogantes referentes a la evaluación del riesgo de las variedades de maíz transgénico.
Por su parte, Roberto Remes dijo que la intención del proyecto del régimen especial de maíz que se envió a la Cofemer fue contar con elementos adicionales a los que marca la ley y tener mayor seguridad en los permisos que se otorguen para las investigaciones experimentales. Aseguró que ese proyecto fue cancelado y aún está pendiente su elaboración.
Ante la pregunta de las razones por las que aún no se ha establecido el Consejo Consultivo Científico en la Cibiogem, luego de que el comité científico que renunció hace tiempo, Meraz explicó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) -organismo donde está integrada la comisión intersecretarial- y el Foro Consultivo Científico sacaron la convocatoria para su integración, pero las 32 personas que se inscribieron no cubrieron el perfil, por lo que se prevé que se repetirá el procedimiento.
Asimismo dijo que a diferencia de hace unos meses, cuando la Cibiogem no contaba con recursos financieros y no se pagaba el salario del secretario ejecutivo, ahora el organismo encargado de la bioseguridad del país ya tiene instalaciones y también cuenta con una planta de personal de ocho expertos.
Precisó que las secretarías de Hacienda y de la Función Pública no han entendido lo importante de este campo, por lo que aún no se le han autorizado más plazas, y manifestó su confianza en conseguir otros siete puestos para el desarrollo de sus actividades. Agregó que para el primer año de trabajos se buscará un presupuesto de 150 millones de pesos con el fin de dar inicio a los trabajos de bioseguridad y biotecnología que se requiere desarrollar.
Fuente: La Jornada
