Mediciones equivocadas
Los subsidios en forma de transferencias directas al ingreso tienen efectos negativos; esas políticas del gasto son ineficientes desde el punto de vista de la economía y de la sociedad mexicana en su conjunto
Con el fin de evaluar la política de subsidios agrícolas de México, en 1997 la OCDE determinó los indicadores: monto anual, monto per cápita y monto por hectárea, a partir de los cuales en apariencia el campo mexicano ha recibido considerablemente menos subsidios que los sectores agrícolas de sus principales socios comerciales: Estados Unidos de América, la Comunidad Económica Europea y Japón. Los argumentos para demostrar que los indicadores mencionados para evaluar la política de los subsidios no son correctos se fundamentan básicamente en un desacuerdo de carácter teórico. Las mediciones de los subsidios agrícolas por su monto total en dólares, por hectárea o en dólares per cápita, no representan procedimientos teóricamente correctos para comparar internacionalmente el grado en que los países subsidian a su agricultura, ni la magnitud de la distorsión del PIB agrícola debido a los subsidios.
El equivalente porcentual de subsidio tiene ventajas respecto a los indicadores antes criticados: 1) es independiente de las unidades monetarias de medición, de la escala o tamaño del sector y del tamaño de la población, 2) toma en cuenta la superficie cultivada, rendimientos y la intensidad económica, 3) es un solo indicador y 4) no está influenciado por los cambios en las variables nominales o en los precios, ni se distorsiona por los cambios de la masa monetaria o de las tasas de cambio. Por todo ello, este indicador posibilita la correcta comparación entre países.
En la 5ª Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Cancún, Quintana Roo, en 2003, los gobiernos de México, Brasil y de otros países en desarrollo exigieron del Primer Mundo eliminar sus subsidios o de lo contrario, un aumento a los subsidios a la agricultura del Tercer Mundo; en el caso de México, hasta igualar el nivel de sus principales socios comerciales, política que requeriría de 250 mil millones de dólares por año al nivel de subsidios por hectárea otorgados en Japón; de 38 mil millones de dólares al nivel de subsidios de la UE o de 20 mil millones al nivel de subsidios/ha de Estados Unidos.
Representaría un error económico, social e histórico usar ese enorme monto de recursos, para proteger el atraso en la agricultura (formas tradicionales de producción, patrón de cultivos ineficiente y oneroso, y distribución territorial ineficiente de las fuerzas productivas en el campo). En Australia y Nueva Zelanda la agricultura es avanzada, no obstante los bajos subsidios que recibe (4.2 por ciento del PIB agrícola), porque en lugar de invertir en su protección, se invierte en el desarrollo de las fuerzas productivas del campo.
Los subsidios y socios comerciales
En el desarrollo agrícola de México el papel del Estado no debiera ser el de otorgar onerosos subsidios y protección, sino el de financiar a aquellos servicios de apoyo a la producción que impulsen la intensificación y la productividad
El resultado fundamental de la investigación de González y Orrantia (2006) fue el cálculo del porcentaje del valor de la producción que corresponde a subsidios (EPS%) después de corregir por pagos directos e impuestos a la producción. En este apartado se discute si los subsidios al sector agrícola en México realmente han estado disminuyendo o no, y su comparación con los de sus principales socios comerciales (Figura 3).
Subsidios agrícolas (EPS%) de los principales socios comerciales de México
Fuente: González y Orrantia, 2006 con base en la OCDE (2003)
La información mostrada en la figura responde a la pregunta de que si efectivamente México subsidia menos a su agricultura que sus socios. Evalúa la pertinencia de la demanda de más subsidios al campo, con el argumento de que el país se subsidia menos. Finalmente, indica que en años de estabilidad, los subsidios mexicanos han aumentado con el fin de apoyar los precios internos que reciben los agricultores y de propiciar un mayor uso de insumos, y que han disminuido en años de recesión y devaluación.
Durante 2000-2003 en México los subsidios representaron en promedio 23.6 por ciento del valor de la producción agrícola. Se corrobora la hipótesis de que el nivel relativo de los subsidios creció entre 1995 y 2003, aunque sin alcanzar el valor registrado en 1991-1994 (29.3 por ciento). A partir de 2000 se ha subsidiado al sector en un grado relativo similar al de Estados Unidos y ligeramente mayor que Canadá. Los subsidios en Australia y Nueva Zelanda representan 4.2 por ciento del PIB del sector, en Japón, 62.1 por ciento, y en la Unión Europea, 41.5 por ciento. El epítome de la política de subsidios como instrumento de promoción agrícola es Noruega, en donde alcanza 115 por ciento del PIB agrícola.
¿Se debe responder con más subsidios a los retos y problemas agrícolas? En México, se asume que los aumentos de los subsidios son benéficos porque redundan en aumentos en la producción y en el ingreso. Rara vez se pregunta ¿cuáles son los costos macroeconómicos y sociales de los beneficios inducidos por los subsidios al campo? Esto considerando las exigencias del estado de la agricultura y los graves rezagos sociales. A saber ¿cuáles son los beneficios económicos y sociales netos de los subsidios agrícolas?
Se ha mostrado que los subsidios en forma de transferencias directas al ingreso, como Procampo, tienen efectos negativos, esas políticas del gasto son ineficientes desde el punto de vista de la economía y de la sociedad mexicana en su conjunto. Pero va más allá privilegiar esta política de subsidios y de protección: significa que con los mismos recursos se podrían lograr mayores beneficios de emplearse eficientemente, siendo conveniente invertir en todos aquellos servicios de apoyo (investigación, difusión, infraestructura de riego, capacitación, crédito, seguro, etc.) tendentes a promover el cambio tecnológico y la productividad, que en subsidios y en la protección a través de transferencias directas de ingreso, las que además de agravar los problemas financieros del Estado, alimentan la ineficiencia del campo y propician la corrupción.
En las primeras etapas de formación de una nación y su desarrollo capitalista los Estados se vieran obligados a apoyar a las “empresas nacientes”, por la necesidad de formar rápidamente la clase de empresarios que fuesen, a su vez, el sustento del Estado y de la nación. En el caso de la agricultura mexicana, esta primera fase (extensiva) ya fue recorrida, ya que las formas de producción capitalistas en el campo son hoy dominantes y predominantes. De 1936 a 1985 la política de protección y de subsidio dio todo de sí y agotó todas sus posibilidades.
En el desarrollo agrícola actual de México (fase intensiva) el papel del Estado no debiera ser el de otorgar onerosos subsidios y protección, sino el de financiar a aquellos servicios de apoyo a la producción que impulsen la intensificación y la productividad. Otra parte debería usarse para mejorar las condiciones de vida de millones de habitantes del campo que viven en la pobreza y, aún más urgente, en la miseria.
También se debe considerar que el aumento de las transferencias totales al campo —subsidios más apoyos a la producción— sin que se reformen previamente las instituciones que lo ejercerán, sería una fuente adicional de ineficiencia del gasto público que distorsionaría aún más los procesos productivos, originando más pobreza y atraso en otros sectores.
* Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) mallen.carlos@inifap.gob.mx
Fuente
GONZÁLEZ-E. A. y M. A. ORRANTIA-B., 2006. Los subsidios agrícolas de México. Agricultura Técnica en México. Vol. 32, No. 3, Pp. 323–331.
