Inversión que genera empleos
Zulema afirma que en cualquier negocio, para poder ganar es necesario invertir. Por ello, desde que comenzaron a percibir ganancias ella y sus nueve socias reinvierten sus utilidades mensuales —de aproximadamente tres mil pesos— para dar mantenimiento a la maquinaria y cubrir costos de infraestructura y pago de servicios.
Además, la adquisición de nueva maquinaria implica nuevos conocimientos, así que para estar a la vanguardia este grupo de mujeres ha tomado cursos impartidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Aunque esta capacitación tiene un costo, ellas han accedido a becas, pagando sólo 30 por ciento del costo de estos cursos.
Al norte de México, el ayuntamiento de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, es el rey de las escobas: ahí, la gente es experta en hacerlas, desde la siembra de sorgo hasta el terminado. Pero en Sinaloa, Zulema y sus socias son reconocidas como líderes en la fabricación de escobas.
Además, con el tiempo, Escobas y Trapeadores de Corerepe se ha consolidado como una empresa rentable que hoy es la única fuente de ingresos para las diez socias, sus familias y 12 empleadas más, que perciben un ingreso diario de entre 200 y 250 pesos. Al respecto, Zulema confía en que pronto podrán emplear a nueve personas más.
Su propósito es expandir el negocio y ya recibieron nuevos apoyos financieros de la SRA por más de 330 mil pesos para la adquisición de maquinaria y la construcción de una bodega y una nave, para ampliar su producción e incrementar su comercialización.
Pero proyectos productivos como éste, no sólo han contribuido a captar ingresos para las dueñas de la empresa, también han generado empleos de forma indirecta. “Nosotras compramos materiales como madera, fierro, alambre, clavo y pintura para el acabado de las escobas, entonces hacemos contratos con aserraderos, herrerías y así fortalecemos la cadena de trabajo”, menciona Zulema.
Respecto a la comercialización, Escobas y Trapeadores de Corerepe ha firmado contratos con tiendas mayoristas como Wal-Mart y Almacenes Ley, a los cuales empezaron a surtir, desde septiembre de 2008, 380 docenas de escobas y trapeadores al mes.
Para el mercado extranjero, comenzaron a exportar luego de que con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Argentina, pudieron asistir a una exposición comercial en ese país, donde negociaron con la cadena internacional de supermercados Jumbo Express la venta de escobas a los supermercados de este corporativo en Argentina y Santiago de Chile.
Menos trámites, más recursos
El Promusag está orientado a las mujeres que habitan en núcleos agrarios, y que se organizan para desarrollar un proyecto productivo que les permita obtener ingresos con los cuales combatir la pobreza en el medio rural.
Por su parte, el Fappa está dirigido a mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios y que no son titulares de tierras, pero que tienen el propósito de poner en marcha proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Cada proyecto presentado para acceder a los recursos de estos programas es sometido a revisión por técnicos calificadores de la SRA; además de cubrir ciertos criterios de elegibilidad, como ser desarrollados en zonas de alta marginación, con población indígena, que vivan un alto grado de migración o presenten problemas ambientales, detalla Beatriz Herrera del Rincón, coordinadora del Promusag.
De acuerdo con la funcionaria, a partir de este año el Fappa y el Promusag operan con reglas más sencillas, con el propósito de facilitar el acceso de los grupos rurales a los apoyos.
En cuanto a los montos de apoyo, éstos se modificaron con el propósito de que los recursos disponibles lleguen a más grupos. En el caso de Promusag, el financiamiento es de 25 mil pesos por socia del grupo o hasta de 125 mil pesos por proyecto. El año pasado el apoyo fue de 20 mil pesos por socio y hasta 180 mil pesos por proyecto.
En el Fappa, el financiamiento es de 30 mil pesos por integrante del grupo o hasta de 240 mil pesos por proyecto. En 2008 fue de 30 mil pesos por socio y hasta de 500 mil pesos por proyecto.
Asimismo, se eliminaron los Comités Estatales de Desarrollo Agrario (Cedas) que era la instancia que evaluaba los proyectos, con lo cual simplifica la calificación de los proyectos y se agiliza la asignación de recursos a los grupos solicitantes. Ahora la instancia evaluadora es SRA, la cual determina la viabilidad de los proyectos.
Lo más importante para la SRA, es que los recursos lleguen lo más pronto posible, puntualiza Herrera del Rincón. “Este año ya se entregó el 80 por ciento del presupuesto destinado para el financiamiento de Promusag y Fappa. Más de siete mil 700 proyectos productivos en diferentes entidades del país han recibido los apoyos; de ellos, cinco mil 986 corresponden a Promusag y los mil 722 restantes a Fappa, en beneficio de más de 41 mil 500 familias”, informa la funcionaria.
Según cifras de la SRA, el 70 por ciento de estos proyectos sobreviven el primer año; el resto no prospera, señala la dependencia, principalmente por circunstancias como conflictos entre los socios o una mala administración.
Sin embargo, cada proyecto exitoso es una “empresas ancla”, que genera empleos y permite arraigar a las familias del sector rural; “por ello queremos seguir apoyando a más personas que están en busca de una oportunidad”, concluye la coordinadora de Promusag.
