- Solicitan a Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer su caso para detener el despojo de sus tierras y la violación de sus derechos como pueblo maya
2000Agro/Redacción
Ejidatarios y pobladores mayas del municipio de Chapab, Yucatán, solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del amparo en contra de una megagranja porcícola que se instaló en su territorio desde 2017 sin su consentimiento.
Al menos diez pueblos mayas de Yucatán han denunciado la misma situación. Si la Corte atrae el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para la comunidad indígena.
Los pobladores de Chapab, que forman parte del colectivo Kanan Lu’um Moo —“cuidar la tierra”, en maya —, han denunciado las distintas irregularidades de la megagranja porcícola “Unión de Aparceros Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán” que produce 48 000 cerdos por ciclo de producción.
En 2018, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) pidió a la empresa porcícola diversos requisitos para permitir su operación, como la información del número de cerdos, plantas de tratamiento de aguas, estudios geohidrológicos, de vientos y olores, autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, esta última otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la realización de una consulta pública apegada a los lineamientos de la población indígena.
No obstante, la megagranja inició operaciones y continuó funcionando durante dos años sin cumplir algunas condiciones exigidas. Fue hasta julio de 2020, y propiciado por el inicio de las acciones de defensa por habitantes de Chapab, que la empresa porcícola declaró haber “cumplido los requisitos”. Sin embargo, la SDS no corroboró el adecuado funcionamiento de la megagranja con base en sus requerimientos, de acuerdo con el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán” elaborado por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Fundación para el Debido Proceso.
En 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros proveniente de la megagranja, que arrojaba aguas residuales, desembocando en sus tierras de cultivo. Por ello, en diciembre de ese mismo año, el colectivo Kanan Lu’um interpuso una demanda de amparo en contra de la operación inconstitucional de la megafábrica de cerdos. Más de 100 personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y adultas mayores, decidieron promover un juicio de amparo por violaciones a sus derechos a un medioambiente sano.
El caso, identificado como “Chapab vs. Kekén”, fue admitido por la Jueza Tercero de Distrito en el estado de Yucatán bajo el número de expediente 1292/2020. La jueza concedió medidas cautelares provisionales para proteger a la niñez de Chapab, pero en marzo de 2021, un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió en favor de la megagranja, revocando la demanda, y con ello las medidas que protegían los derechos de las personas.
Ante esa situación, en 2022 las personas de Chapab plantearon una solicitud de consulta previa respecto a la megagranja. En ella argumentan violaciones a la Constitución, al convenio 169 de la OIT y al Acuerdo de Escazú. Obtuvieron una sentencia favorable, pero la empresa porcícola promovió un recurso de revisión para que el caso de Chapab sea desechado.
La granja argumenta que la demanda es extemporánea porque los habitantes debieron demandar dentro de los primeros 15 días en que se estableció la granja. Este no es un argumento nuevo, ha sido utilizado al menos tres veces por el empresariado y el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, para desechar los litigios emprendidos por comunidades mayas.
El mensaje del Poder Judicial Federal hacia las empresas es que pueden operar con toda irregularidad si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días en los que se establecieron en el territorio de las comunidades mayas. Lo que es absurdo, ya que las afectaciones al ambiente y al territorio prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones: evitar a toda costa la contaminación ambiental y realizar una consulta indígena.
Este caso fue asignado al magistrado Jorge Enrique Eden Wynter, quien le ha dado la razón a las megagranjas porcícolas en tres ocasiones anteriores. Después de años de buscar justicia en el ámbito local sin éxito, Kanan Lu’um ahora solicita la atracción de su juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios internacionales y nacionales de derecho.
La región de la península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el continente americano después de la Amazonas y conforma la mayor recarga de agua en el país. Por lo cual la contaminación del manto acuífero y la pérdida de los ecosistemas forestales deberían ser temas de vital importancia para el Estado mexicano.
Además de la privación de recursos económicos, los habitantes de la comunidad se han visto afectados en su salud. Las enfermedades de la piel, problemas estomacales y fuertes casos de dengue se han hecho cada vez más comunes. De acuerdo a las y los pobladores de la comunidad, esto se debe a la contaminación por los residuos que se generan desde la granja hacia la tierra y el agua.
Los pueblos mayas han sido despojados de sus tierras con impunidad por la mafia agraria; conformada por empresarios, políticos, funcionarios, notarios públicos y comisarios ejidales. La contaminación, la deforestación y el despojo de tierras por megaindustrias es un tema ampliamente cuestionado y de interés social, que no solo compete a la región de Yucatán.
La Suprema Corte de Justicia es ahora la esperanza de Chapab y de todas las comunidades mayas que resisten la criminalización, el despojo y la contaminación por las megagranjas porcícolas en Yucatán.
Fotografía: Corte Esperanza de Chapab
