Esto no le preocupa a Calderón, “toda vez que él sí tiene quien lo cuide”, señala
México.— Ante la falta de una política de Estado que propicie el desarrollo del campo, los campesinos enfrentan otro problema grave que es la amenaza del crimen organizado, si no entregan una cuota sobre la venta de sus cosechas, denunció el diputado federal y líder nacional e la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García.
Quizá esto no le preocupa al presidente Felipe Calderón, “toda vez que él sí tiene quien lo cuide”.
Al continuar el análisis “Diez Años de Panismo, Resultados; Rezago del Campo e Inseguridad Alimentaria”, el legislador cenecista, en nombre del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, que coordina Francisco Rojas, sostuvo que los apoyos del gobierno federal, en gran parte, se dan a los grandes empresarios.
Sin duda, dijo, la disminución de la soberanía alimentaria y la falta de acciones para el fortalecimiento productivo del sector agroalimentario, muestran el fracaso de la política de las dos últimas administraciones federales hacia el sector rural.
Gerardo Sánchez indicó que mientras en otros países el sector agropecuario es estratégico y fundamental para el bienestar de la población, en México ha sido descuidado y disminuido a partir del año 2000, debido a la ausencia, los sesgos o la incongruencia de los programas gubernamentales, cuando el desarrollo integral del sector agropecuario, forestal y pesquero es un asunto de seguridad nacional.
Destacó que la soberanía alimentaria debe ser un objetivo fundamental del Estado, por lo que debe diseñarse un nuevo modelo de desarrollo para el campo, que incluya el respaldo a cada uno de los participantes en las cadenas productivas, y añadió que la reciente alza en los precios de los productos de principal consumo deteriora aún más la situación de los hogares de menores ingresos, lo que conlleva a una pérdida del poder adquisitivo.
El líder de la CNC subrayó que aun cuando los legisladores del PRI han promovido una legislación vanguardista y congruente con las demandas del sector, y normas para el ejercicio del gasto que deberían impulsar la eficacia en la aplicación de los presupuestos, el gobierno las interpreta a su conveniencia e implementa los programas de forma discrecional.
Resaltó que mientras otras naciones como Estados Unidos, Canadá, así como Europa y Asia protegen su producción agropecuaria, en México se han desmantelado los instrumentos de fomento y se ha caído en la dependencia alimentaria en productos básicos.
En seguida, planteó que “en lugar de avanzar en la federalización hacia estados y municipios, el gobierno federal reduce los recursos a los gobiernos estatales por la vía de convenios, le da preferencia presupuestaria a los programas sociales-asistenciales, con un claro tinte electoral, y disminuye el presupuesto a los programas productivos, que son los que derivan en alimentos, empleos y mayores ingresos a las familias rurales”.
Indicó que no obstante los apoyos que el priismo ha otorgado desde el Congreso, la aportación del campo al Producto Interno Bruto (PIB) es cada vez menor, la pobreza rural se ha agudizado, las familias se desintegran a consecuencia de la migración, y la soberanía alimentaria se debilita, porque el país tiene que importar un porcentaje muy relevante de los productos básicos para la alimentación nacional.
El diputado guanajuatense puntualizó que entre 2000 y 2010, el salario mínimo de los trabajadores del sector agropecuario decreció 7.4 por ciento en términos reales, mientras que la canasta básica aumentó 65 por ciento en el mismo periodo.
Recalcó que las políticas públicas de subsidio a las actividades agropecuarias han mostrado problemas de focalización, reglas de operación complejas y deficientes, así como ausencia de control de los recursos públicos, lo que ha limitado su efectividad, situación que ha contribuido al incremento de la población rural en pobreza alimentaria y la persistencia de la emigración de los jóvenes.
Expuso que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2000, seis millones 877 mil personas se ocupaban en actividades primarias, mientras que para el tercer trimestre de 2010, esta población descendió a cinco millones 903 mil personas, lo que quiere decir que el número de trabajadores que dejó de laborar en el campo fue de más de 974 mil personas.
Gerardo Sánchez enfatizó que la falta de empleo reduce el nivel de ingreso y recrudece las condiciones de pobreza en la que vive la población rural, por lo que los programas asistencialistas promovidos por los gobiernos recientes no han sido capaces de compensar la falta de ingreso de la población rural, y advirtió que además del abandono del campo, la población rural es la más vulnerable a la inseguridad alimentaria.
Reiteró que no obstante las estrategias y acciones puestas en marcha no han podido garantizar el abasto de alimentos a la población, el cual depende en gran medida del excedente de producción de otros países, fundamentalmente de arroz, carne porcina, trigo y maíz.
Aludió que con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hay 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, de las cuales 7.2 millones se ubicaban en zonas urbanas y 12.2 millones en rurales, lo que significa que la mayoría de los habitantes en situación de pobreza alimentaria residen en el campo.
Fue más allá cuando manifestó que “los recursos no llegan a la población que más lo necesita, su ejercicio es disperso e inoportuno y por lo tanto no tiene impacto en la reducción de la pobreza y la dependencia alimentaria ni en la generación de empleos e ingresos del país y en la protección de los recursos naturales”.
El diputado y dirigente cenecista recordó que han sido los legisladores del PRI los que han construido un lazo indisoluble con el campo y otorgado un sólido respaldo al sector, para impulsar desde el Congreso diversas leyes y presupuestos que buscan promover mejores condiciones para los habitantes de las zonas rurales, y mencionó como ejemplos las reformas a la Ley de Organizaciones Ganaderas, con el fin de otorgar mejores garantías para una participación equitativa y democrática de las organizaciones ganaderas del país, y dar a los productores mejores servicios y un mayor reconocimiento legal, lo cual promoverá un sector más productivo.
Insistió en que la respuesta del gobierno ante la crisis alimentaria, económica y climática ha sido restringir el financiamiento y retrasar la aplicación de los recursos públicos, y refrendó que no hay una adecuada política de respaldo a la producción y fomento al comercio a precios justos ni de reconversión productiva con una visión estratégica, por lo que, reiteró, el sector está en total abandono y rezago.
Manifestó que ante la realidad que se vive en el campo, el gobierno no ha aplicado de forma adecuada el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, pues no se ha efectuado la concurrencia de programas y presupuestos en apoyo a la población rural, entre las diferentes secretarías ni entre los programas de una misma secretaría.
Incluso señaló que en el IV Informe de Gobierno, se estima que las importaciones de soya representaron en 2010 el 94.5 por ciento del consumo nacional; las de arroz el 74.0 por ciento; las de trigo el 42.0 por ciento y las importaciones de maíz el 25 por ciento.
Destacó que las importaciones de maíz han ido en aumento debido a que la demanda ha crecido más que la producción, y apuntó que en 2000 las importaciones de este producto fueron de 5.3 millones de toneladas, en 2006 de 7.6, y en los siguientes dos años llegaron hasta los nueve millones de toneladas, o sea un aumento de cerca de cuatro millones de toneladas con respecto a 2000.
En consecuencia, Gerardo Sánchez indicó que es necesario impulsar el crédito con el objetivo de promover el crecimiento del sector rural, y agregó que los datos del Banco de México muestran que la banca privada no tiene interés en financiar al sector agropecuario: en términos reales, el monto del crédito otorgado ha pasado de 54 mil 454 millones en 2000 a 33 mil 727 millones de pesos en 2010, o sea un 38 por ciento menos.
De esta manera, concluyó, se puede observar el abandono en el campo y señaló que con base en las cifras reportadas en la Cuenta Pública y en el IV Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, en el ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el presupuesto asignado ha registrado una tasa media de crecimiento anual de 9.7 por ciento en el periodo 2001-2009.
Fuente: El Financiero en línea
