Las importaciones en el sector agro se elevan a 110 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones median entre el 15 por ciento. Asociaciones de productores demandan marco legal que fomente la soberanía alimentaria.
El Estado debe recuperar la soberanía en producción de semillas y fertilizantes, y eliminar la postura neoliberal de dejar a las fuerzas del mercado el destino del agro, concluyeron investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria al evaluar la situación del campo mexicano.
Insistieron en que continuar con programas asistencialistas ocasionará que persista la pobreza y el aumento de la dependencia agroalimentaria, y a manera de ejemplo apuntaron que en la década pasada el crecimiento del sector agropecuario no ha superado 1.7 por ciento anual, mientras la renta de tierras ejidales en zona de riego y de buen temporal es ya de 60 por ciento.
En ese periodo, abundaron, las importaciones agroalimentarias han llegado a 110 mil millones de dólares, lo cual significa una insostenible fuga de empleos y divisas; la producción de granos y oleaginosas se ha sostenido en 30 millones de toneladas, volumen similar al que el país tuvo al inicio de la década de 1980.
El constante impulso a las agroexportaciones no ha repercutido en beneficio de la mayoría de los agricultores, ya que dicho comercio representa un máximo de 15 por ciento del valor total de la producción, y apenas entre el 3 y 5 por ciento del comercio exterior total. “Se ha privilegiado el interés de una minoría vinculada a las exportaciones a costa de sacrificar el interés de la mayoría, de las regiones y de las empresas vinculadas al mercado interno.”
Agregaron que en la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han perdido dos millones de empleos en el agro y ha incrementado el volumen de las importaciones agroalimentarias. “En los cinco años del gobierno de Vicente Fox, el costo de las agroimportaciones se situó en 60 mil millones de dólares; la migración rural se ha desbordado, ahora ya no sólo salen jóvenes de los estados a los que se les situaba como expulsores: Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Durango y Chihuahua.”
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo y la Confederación Nacional de Productores de Maíz propusieron un nuevo pacto nacional. “Este año electoral es decisivo; urge una relación que se base en la soberanía alimentaria, que reconozca el esfuerzo de los medianos y pequeños productores, la multifuncionalidad de la agricultura, la preservación de ejidos y comunidades, y el respeto a la organización autónoma y autogestiva de los productores.”
Fuente: La Jornada
