Acusan “violaciones al marco constitucional y a tratados internacionales al vulnerar los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas”
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (México).─ Organizaciones de la sociedad civil, apicultores y campesinos de Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo interpusieron por separado sendos amparos en contra del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la empresa Monsanto para sembrar en una superficie potencial de 253 mil 500 hectáreas, en etapa comercial de soya genéticamente modificada, en esos estados y en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.
En un comunicado dijeron que solicitaron el amparo y protección de la justicia federal por “violaciones al marco constitucional y a tratados internacionales al vulnerar los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas”.
Añadieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha actuado “con negligencia”, pues “ha evadido su responsabilidad en la aprobación de siembras de transgénicos en México, aun cuando de acuerdo con la ley tiene la facultad de enviar un dictamen vinculante a Sagarpa, de forma que esta dependencia puede emitir una resolución en sentido negativo”.
Precisaron que en el caso de Chiapas, el amparo fue presentado este miércoles al mediodía en el Juzgado de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez por la Unión Estatal de Apicultores de Chiapas, y se adhirieron la Unión Estatal Sistema-Producto Apícola de Chiapas y la Integradora de Organizaciones Apícolas del Sureste de México, que en conjunto representan a cinco mil 700 apicultores con 140 mil colmenas de abejas y un volumen de producción de miel de cuatro mil 200 toneladas, con un valor superior a 176 millones de pesos al año.
Explicaron que en la motivación de los amparos asentaron que “95 por ciento de la producción de miel de esta región se exporta, con un valor aproximado de 400 millones de pesos anuales, y el riesgo de contaminación por polen transgénico podría ocasionar el cierre de los mercados europeos a estos productos, lo que afectaría de manera directa a alrededor de 25 mil familias campesinas y de origen indígena que viven de la apicultura”.
Las organizaciones y los productores que presentaron los amparos hicieron un llamado para que estas áreas del país se decreten zona libre de transgénicos y se prohíba definitivamente la siembra de estos cultivos en la región, debido a los “graves riesgos medioambientales, económicos y para la salud que representan los transgénicos”.
Anunciaron que realizarán acciones legales conjuntas en diversos estados de la República para revertir los permisos otorgados por la Sagarpa. “Actuaremos de forma conjunta por la vía legal y política para impedir que intereses económicos amenacen la soberanía alimentaria, la economía nacional, así como la vida y la salud de los ecosistemas y de los mexicanos”, advirtieron.
Fuente: La Jornada en línea
