En México, las tierras están degradadas en 64 por ciento, principalmente por erosión hídrica y eólica; mientras que una superficie de 22 millones de hectáreas de tierras no aptas para la agricultura y la ganadería, soportan actividades de productividad marginal que acelera su degradación, por lo que la pérdida de recursos forestales y de biodiversidad, la escasez de agua y su contaminación, han alcanzado tales dimensiones, que ubican a estos procesos como materia de seguridad nacional.
Entre los principales problemas del campo está la degradación de los recursos naturales que afecta radicalmente a la productividad y como consecuencia la soberanía alimentaria del país.
Por lo anterior, el 23 de octubre de 2003, el diputado perredista Antonio Mejía Haro, ante el pleno de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras, la que tendrá que analizar la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El legislador planteó que es preocupante la pérdida de utilidad agrícola de diez mil hectáreas anuales de las mejores tierras de riego por acumulación de sales, lo que suma una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva. Además, dijo, la deforestación afecta a unas 600 mil hectáreas anuales, cuyas causas son el cambio en la utilización de las tierras para fines agropecuarios; esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos e incendios que afectan anualmente 276 mil hectáreas.
La dispersión de las políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras, por lo que el diputado consideró necesario un urgente viraje en las políticas en la materia hacia un enfoque preventivo, mediante la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo rural.
La ley está enfocada a alentar la utilización de opciones sustentables de manejo y aprovechamiento de las tierras mediante la aplicación coordinada de los recursos públicos, tomando en cuenta las recomendaciones de órganos internacionales que señalan la conveniencia de combatir la desertificación como un enfoque preventivo antes que correctivo, así como se aprovecha el marco jurídico de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la que se toma el marco institucional del Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la Comisión Intersecretarial, los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, sus diversos ámbitos: nacional, estatal, distrital y municipal, así como la utilización de los distritos de desarrollo rural, como ventanilla única.
La Ley para la Restauración y Conservación de Tierras contiene cinco títulos: los dos primeros incluyen el encuadre constitucional, propósitos y distribución de atribuciones; un tercer título establece las normas para el uso y aprovechamiento de las tierras en las principales actividades, mientras que el cuarto título define los instrumentos para la prevención y el combate a la degradación y desertificación de las tierras. Un quinto y último título contiene las infracciones y sanciones correspondientes.
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