El presidente Vicente Fox podría dar instrucciones a funcionarios federales para eliminar los impedimentos del cultivo de maíz transgénico, por lo que de ser así no tomaría en cuenta los impactos ambientales y económicos además de las múltiples advertencias de especialistas y científicos, advirtió el grupo ambientalista Greenpeace.
Para que se realicen los cultivos comerciales del grano, primero se tendrán que seguir varios procedimientos, entre ellos el establecimiento del régimen especial de maíz, el cual fue plasmado en un documento, enviado el 26 de mayo de este año y que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) rechazó; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que no tiene previsto mandar ningún nuevo documento aunque la Secretaría de Agricultura podría hacerlo.
Por su parte, Greenpeace informó que a pesar de que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados está incompleta, ya que falta el establecimiento del régimen especial de maíz, las empresas Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences buscan que el Ejecutivo dé el visto bueno para sembrar y comercializar sus semillas transgénicas antes de que finalice este año.
El coordinador de la campaña de transgénicos, Gustavo Ampugnani, aseveró que está en juego el futuro del campo mexicano, por lo que pidió “no avalar la ilegalidad en aras de favorecer a un puñado de empresas. México necesita un régimen especial para la protección del maíz y este régimen aún no ha sido elaborado. Con este vacío legal no es posible bajo ninguna circunstancia permitir las siembras transgénicas”.
Recordó que ese régimen es obligatorio, porque deben establecerse las zonas en las que quede prohibida la liberación de aquellos cultivos transgénicos de los cuales México sea centro de origen. “A través del régimen se debe cerrar cualquier posibilidad a la siembra de maíz transgénico, pues nuestro país no necesita esa tecnología”, agregó.
Mencionó que en julio pasado un pequeño sector de productores de maíz y autoridades estatales, con el apoyo de la asociación civil AgroBio, en la que están integradas las empresas productoras de transgénicos, manifestaron su interés para que el gobierno federal emita los permisos de siembra antes de que termine 2006, a pesar de que aún la Ley de Bioseguridad no está reglamentada, el régimen especial de protección de maíz no exista y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) opera con deficiencia.
Consideró que en forma equivocada algunos productores creen que el maíz transgénico se traducirá en mayores rendimientos o menores aplicaciones de pesticidas tóxicos, cuando se ha comprobado que esta tecnología en realidad significa la contaminación de variedades criollas, el envenenamiento de suelos y cuerpos de agua y pérdida de potenciales mercados.
Agregó que académicos, científicos, organizaciones de productores y ambientalistas han considerado que México debe reinstalar la moratoria al cultivo en campo abierto de maíz transgénico, ya que no existen las condiciones adecuadas que garanticen que no ocurrirá la contaminación de la diversidad de maíz que hay en México.
Fuente: La Jornada
