Por: Isabel Rodríguez
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Doscientos nueve millones de personas en América Latina viven en pobreza y 54 millones son víctimas de la desnutrición, a pesar de que esta región produce tres veces más de la cantidad de alimentos que se consumen, esto de acuerdo con la más reciente Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola (IAASTD, por sus siglas en inglés).
En lo que se refiere a México, el país tiene la obligación jurídica de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados de derechos humanos.
Además, el 13 de octubre de 2011 se culminó un proceso de reforma constitucional por el que se incluyó el derecho a la alimentación en los artículos 4 y 27 de la Constitución Política.
Sin embargo, pese a esta reforma legislativa, en México aún se incumple el derecho a la alimentación, ya que si bien el país ha mostrado avances en el ejercicio del derecho a la alimentación, mediante indicadores como reducir la proporción nacional de niños menores de cinco años con peso inferior al normal y malnutrición, la realidad es que los progresos han sido desiguales, ya que los niveles de privación del derecho a la alimentación siguen siendo alarmantes para gran parte de la población.
Lo anterior es una de las conclusiones del informe El derecho a la alimentación, realizado con base en la misión en México del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, realizada del 13 al 20 de junio de 2011.
De acuerdo con el documento, en 2010 un total de 52 millones de personas —46.2 por ciento de la población— vivían en la pobreza, mientras que 28 millones —24.9 por ciento— tenían acceso insuficiente a los alimentos.
Estas cifras nacionales —abunda el informe— “comprenden importantes disparidades en la privación del acceso a una alimentación adecuada entre las zonas urbanas y rurales… De los 18.1 millones de personas que viven en municipios que se considera que tienen un nivel alto o muy alto de marginación, 80.6 por ciento vive en zonas rurales”.
Asimismo, el documento refiere “diferencias notables” en los indicadores pertinentes del derecho a la alimentación entre la población indígena y no indígena. En ambos casos, señala, las tasas de malnutrición infantil han descendido gradualmente. Sin embargo, en 2006 uno de cada tres niños indígenas menores de cinco años (33.2 por ciento) sufría malnutrición crónica, frente a uno de cada diez niños no indígenas (10.6 por ciento).
Con relación a la población rural e indígena, el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación destacó la importancia de invertir en el desarrollo de las capacidades de los pequeños productores, como detonantes del desarrollo en el sector rural.
“Consideramos que la política agrícola de México debería basarse en dos objetivos principales: la producción de alimentos para reducir la dependencia de las importaciones y el fomento de la producción campesina en las áreas rurales. Sin embargo, las políticas gubernamentales no ven a los pequeños productores como entidades competitivas y tampoco abordan el tema de la dependencia”, señaló De Schutter.
En videoconferencia desde Ginebra, con motivo de la presentación en marzo de su informe sobre el derecho a la alimentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Olivier de Schutter enfatizó la importancia de contar con una “legislación marco”, que dé lugar a una estrategia nacional para garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la alimentación.
