- La importación de insumos y algunos productos alimenticios a nuestro país, que se consideran como parte de la canasta básica, se ha incrementado de forma considerable
Alberto Campos Vargas*
Actualmente, en el mundo se vive una situación geopolítica muy compleja, Rusia y Ucrania se encuentran en guerra, hecho que ha generado un repunte en los costos de los alimentos, particularmente el trigo, no solo porque Ucrania es considerado el granero mundial, sino porque los conflictos entre ambas naciones europeas dificultan los procedimientos logísticos para hacer envío de productos a lo largo del planeta.
Aunado a esto, en Asia se están presentando conflictos, entre Corea, Japón, China y Taiwán, lo cual permea de manera importante la logística internacional, y como consecuencia, se incrementan los costos de envío de diversos productos, destinados al consumo humano.
Específicamente, en el tema de alimentos, México no queda exento de los efectos de estas situaciones, y por ello, la importación de insumos y algunos productos alimenticios a nuestro país, que se consideran como parte de la canasta básica, se ha incrementado de forma considerable, afectando de manera directa a los consumidores, ya que se genera un efecto de inflación en alimentos.
Para lograr contener dicha inflación, el gobierno federal implementó diversos programas, en donde se busca beneficiar a las personas con una menor capacidad económica, y así evitar que la canasta básica se encarezca, de tal forma, que no se pueda tener acceso a ella.
Una de las acciones aplicadas es el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), el cual se presentó en mayo pasado y consiste en otorgar a ciertas empresas, que cumplan con determinados requisitos, una licencia única y universal, para la importación de alimentos, con ello, se les exime de todo trámite o permisos sanitarios.
¿Esto qué implica? Se está autorizando a un número limitado de empresas, que cumplan con estos requisitos, a que lleven a cabo la importación de productos, sin estar sujetos a lo que se conoce particularmente como regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, se suspenden los procedimientos de revisión a las regulaciones, que puedan ser un impedimento para una fácil importación, o que encarezcan el procedimiento de importación de alimentos a nuestro país, así como su movimiento dentro del mismo.
Esto resulta específicamente relevante para los productos agrícolas, ya que están sujetos a una serie de controles y requisitos, tanto de importación, como de movimiento, por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Y es que, el gobierno federal está trasladando la obligación de verificar el debido cumplimiento con las normas sanitarias de inocuidad y calidad, a las empresas que se consideren como beneficiarias de este programa. Una acción muy loable, ya que tiene la confianza para otorgar la obligación de verificación y cumplimiento a algunas empresas.
Sin embargo, ¿cuál es el mayor problema al que nos podríamos enfrentar? Por principio de cuentas, para poder dar el cumplimiento a los requisitos que se han establecido, se va a limitar el número de empresas o el tamaño de las empresas que van a poder tener acceso a este programa.
En cuanto al fondo, el programa puede resultar un verdadero soporte, ya que sí disminuirá los costos, y, por lo tanto, la población resultará beneficiada, sin embargo, de una u otra forma, está limitando la posibilidad de participar en estos programas a empresas que no tengan el tamaño o que no puedan cumplir con lo establecido por el PACIC.
Esto derivará en una competencia indebida, por así llamarla, entre grandes empresas, y tal vez, pequeñas o medianas empresas, que llevan a cabo estos procedimientos de importación.
De igual forma, representa un riesgo muy importante, ya que, si alguna de estas empresas que obtenga el beneficio, no realiza los procedimientos de manera correcta, o bien, no cuenta con el personal necesario para llevar a cabo una adecuada verificación del cumplimiento de la normativa, podría incluso, ser el causante de la introducción de una enfermedad animal o vegetal, que pudiera representar un problema mayor para el país.
Es claramente una encrucijada para el gobierno, por un lado, busca disminuir costos y el efecto inflacionario, pero también existe un alto riesgo de incumplimiento, e incluso la mayoría de las empresas particulares no cuenta con la infraestructura para generar todos los procesos necesarios, ya que tradicionalmente es algo que hacen las autoridades agrícolas.
Por ello, es muy importante que las empresas del ramo de alimentos valoren y evalúen exhaustivamente los efectos de participar en este programa, y no solo la reducción de costos a corto plazo, puesto que se encontrarán sujetas a obligaciones, en donde no pueden cometer un error, que represente la introducción o propagación de alguna plaga de origen fitosanitaria.
En este sentido, debemos recordar que el gobierno federal ha puesto especial énfasis en los temas agroalimentarios, por un lado, impone constantes restricciones y limitantes a la industria alimenticia en materia de etiquetado y contenido calórico, y, por otra parte, permite a estas mismas grandes empresas, llevar a cabo procesos de importación y movimiento de materias primas, sin el cumplimiento de la normativa correspondiente, en materia agroalimentaria.
Es importante que, si las empresas van a tomar los beneficios, estén conscientes de las obligaciones que ello puede representar, así como los efectos en la industria y el campo mexicanos, ya que, si bien será un programa para contener, puede resultar permisivo.
* Socio del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduanas
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