Habitantes del poblado de Tilzapote iniciaron protesta para impedir que se cumpla orden judicial de desalojo dictada por un juez agrario, en una de las 656 disputas
Por intereses de dos particulares que reclaman como suya la propiedad del suelo ejidal, más de 300 habitantes de la comunidad de Tilzapote, en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, están en riesgo de ser desalojados de su suelo.
Los terrenos ubicados en la costa oaxaqueña serían utilizados para la construcción de un complejo turístico.
Los habitantes del poblado de Tilzapote iniciaron desde el viernes una protesta pacífica de resistencia para impedir que se cumplimente la orden judicial de desalojo dictada por un juez agrario, la que no solo los despojará de sus tierras, sino que impedirá que esta población, que vive de la pesca, tenga acceso directo al mar.
El conflicto de Tilzapote es uno de los 656 conflictos agrarios que a la fecha se registran en el estado de Oaxaca, en donde al igual que en otras entidades del país, la ejecución de la Reforma Agraria dio pie a la confrontación entre comunidades enteras pues el gobierno federal decidió distribuir la tierra sin tomar en cuenta el uso ancestral de la misma.
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), hasta el 31 de diciembre de 2016 existían en todo el país mil 695 núcleos agrarios ejidales y comunales que no estaban definidos en cuanto a la entrega de propiedad para las comunidades reclamantes; en cambio, otros 28 mil 421 ya estaban certificados en propiedad ejidal y otros mil 966 fueron certificados en propiedad comunal.
En la mayoría de los mil 695 núcleos agrarios que existen en el país en los que el gobierno federal aún no ha podido certificar la propiedad, a la fecha se presentan conflictos intercomunales, y en menor medida son conflictos de una comunidad contra uno o varios particulares que por la vía legal reclaman la propiedad del suelo.
De todos los conflictos agrarios que a la fecha se registran en el país, se estima que por lo menos el 38.7 por ciento están en el estado de Oaxaca, en donde, de acuerdo con fuentes extraoficiales de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca (JCAO), por lo menos 32 de esos conflictos están considerados como “de alto riesgo” por la posibilidad de generar focos de violencia.
