El capital de riesgo es un recurso fresco aportado por una entidad pública o privada que permite a la agroempresa fortalecer su estructura financiera, consolidar operaciones o desarrollar programas de expansión.
Para acceder a este tipo de financiamiento, en general, se debe demostrar que la compañía tiene capacidad de pago y rentabilidad. Además, es conveniente estar inserto en una cadena comercial.
Un aspecto muy importante, al que en ocasiones no se le brinda su real importancia, es la identificación que los miembros de la empresa puedan tener con ésta, ya que al sentirse parte no dudarán en invertir capital, buscar liderazgo y la consolidación de la organización económica, con una visión de mercado.
El Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) es una de las pocas entidades con que cuenta el productor rural para inscribirse en esquemas de este tipo. Tras un proceso de reingeniería, pasó de un esquema donde el tradicional ingeniero de campo fomentaba la construcción de bordos, bodegas, silos; diseñaba unidades de riesgo o aplicaba un paquete tecnológico, a una agencia multidisciplinaria promotora de agronegocios y articuladora de diferentes apoyos institucionales.
Bajo el nuevo esquema de riesgo compartido, el organismo busca no sólo incrementar la producción, rentabilidad y competitividad de las unidades productivas, sino también fomentar en el productor rural la agregación de valor y transformación de sus productos, y en lugar de vender a granel o a pie de huerta, hacerlo con valor añadido, ya sea mediante un proceso de selección y empaque, tratamiento de frío, limpia o criba y, en la medida de lo posible, tratar de llegar cada vez más al consumidor final.
La idea ahora es retomar el concepto del riesgo compartido, pero esta vez en el fomento a los agronegocios y a la articulación de la producción primaria en los mercados, afirma José Antonio Mendoza Zazueta, director del organismo.
Un productor puede obtener hasta cinco millones de pesos bajo el esquema de riesgo compartido o hasta 35 por ciento de la inversión total del plan de negocios, que incluye capital de trabajo, financiamiento, administración, mercadotecnia, administración, recursos humanos y operación de la empresa.
Según sea el impacto económico social del proyecto en el ámbito regional, se puede rebasar el tope. En el comité dictaminador de crédito participan otros organismos públicos, lo que ha permitido la mezcla de recursos.
La tasa que se ofrece es cero. El índice de recuperación es alto, a partir de 2003 se llegó al 100 por ciento, porque además hay un incentivo ya que los pagos van a un fondo de recuperaciones a nombre de la empresa y se puede tramitar un nuevo préstamo, aunque a una tasa de interés que mantenga el capital en términos reales. Al término de la administración se espera tener un fondo de agronegocios en una red nacional, con unos 700 y 800 millones de pesos.
Los recursos se etiquetan como subsidios, pero en los contratos realizados con las empresas, éstas aceptan la recuperación.
En 2002, el Firco contó con un presupuesto inicial de 65 millones de pesos, que terminó con 80 millones; en 2003 obtuvo 162 millones y cerró en 300 millones; este año la cantidad es similar, pero se espera llegar a 500 millones de pesos, además habrá una inversión adicional de 2,500 millones, por la suma de recursos de otras entidades, financiamiento bancario y las aportaciones del propio productor.
Los proyectos financiados son para todo tipo de productores, independientemente de su nivel socioeconómico, que tengan además un excedente orientado al mercado. La mayoría son productores medios hacia abajo.
El año pasado, la institución apoyó 140 empresas rurales, algunas están en construcción y unas 60 o 70 están operando. En 2004 se han apoyado al menos 26 mil productores, de los cuales 80 por ciento son productores medios, 19 por ciento, de menores ingresos, y 1 por ciento, productores mayores.
Para Mendoza Zazueta los productores del campo sí están preparados para los agronegocios, por ello es conveniente que el productor no quiera realizar todas las funciones, por lo que cada empresa debe tener una gerencia profesional, que debe incluirse en los costos. Las pequeñas y medianas empresas en México muestran una tasa de mortandad de dos años, por eso lo importante no es cuántas se echen a andar, sino cuántas sobrevivan después de tres años.
Requisitos y tiempos de arranque
El proyecto debe tener capacidad de pago, ser rentable.
Preferentemente estar inserto en una cadena comercial.
Los miembros deben tener un claro sentimiento de pertenencia a la empresa, que aporten recursos a capital, liderazgo, organización económica y visión de mercado.
Una vez que se otorga el crédito la puesta en marcha de la empresa lleva en promedio seis o siete meses y su operación un año.
Se privilegia la ampliación de las que ya están operando.
Los pagos se realizan según el flujo y los plazos son de seis a siete años, lo que ha permitido reactivar el crédito refaccionario.
Los proyectos más apoyados son: agrícolas, dentro del rubro de comercialización y empaque de frutas y hortalizas; pecuarios, leche, queso y carne; y otras actividades, no sólo agropecuarias, como pesca, congeladoras, ecoturismo.
