Nuevo Vallarta, Nayarit.— El marco jurídico en materia de bioseguridad sigue despertando polémica entre empresarios, investigadores y sectores vinculados con la industria alimenticia, toda vez que hay quien considera que es “excesivo”, “disperso” y contiene una serie de incongruencias que deben ser modificadas, otros proponen crear una ley general que englobe las distintas regulaciones en este rubro.
Este fue el mar de inquietudes que dejó entre los asistentes al seminario El desarrollo de la biotecnología moderna y sus aplicaciones en alimentos, organizado por la Asociación Americana de la Soya (ASA, por sus siglas en inglés) y Agrobio México, la intervención de Samuel Ibarra Vargas, director de jurídico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
Luego de su exposición, donde sintetizó la legislación existente en la materia, Samuel Ibarra comentó que más que hablar de vacíos en ésta, hay que hacer un análisis jurídico integral de la realidad en bioseguridad de México para poder detectar cuáles son los aspectos que requieren regularse y si los que ya lo están son suficientes o deben mejorarse.
En entrevista, afirmó que la Cibiogem conjunta las áreas jurídicas de seis secretarías de Estado y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para analizar integralmente todo el marco jurídico aplicable en nuestro país sobre bioseguridad.
Aseguró que la regulación en materia de bioseguridad es prioridad para el gobierno federal y el Congreso de la Unión, ya que en sólo 3 años ha habido 5 proyectos, una iniciativa de Ley de Bioseguridad presentada en 1999 por el PVEM; otra por el PAN, en 2000; una más del PRD; un predictamen conjunto entre el PAN y el PVEM, y una iniciativa del PRI.
Samuel Ibarra dijo que se analizan las conveniencias de cada una y como todo, dijo, son perfectibles. Comentó que pudiera existir la posibilidad de que se diera una decisión política en el Congreso, pero acotó que en bioseguridad “sería muy difícil porque estamos trabajando muy comprometidos en el gobierno federal junto con los sectores involucrados y hemos estado en conjunción con los legisladores en muchos temas por medio de las distintas secretarías”.
En la mesa “Necesidades de Regulación” la investigadora del Cinvestav Irapuato, Aída Martínez Hernández, sugirió: para que el marco legal en materia de bioseguridad sea congruente en los ámbitos nacional e internacional debe ajustarse. Antes había comentado que éste debe ser adecuado para poder desarrollar la biotecnología y tener impacto en el desarrollo del país.
Carlos Lomelín, del ILSI de México, anotó que el actual marco jurídico es “disperso”, “excesivo” e incongruente, ya que le falta normatividad en su estructura, hay demasiadas reglas y disposiciones y las autoridades pueden aplicarlo con discrecionalidad.
Alberto Aldama, del INE, apuntó que en la legislación actual se observa dispersión y añadió que de las iniciativas existentes en el Congreso de la Unión hay muchas cosas que se deben “tirar a la basura”, aunque consideró que la del PAN “es la buena”. Sin embargo, agregó que también la Academia de Investigación Científica tiene un proyecto para legislar en esta materia.
Elvira Espinosa, de la Secretaría de Salud, comentó que entre las dependencias no todo es tan confuso y que en la institución que representa los biotecnológicos son un punto más, aunque reconoció que se requiere ajustes en procedimientos.
José Samperio, asesor de la Cámara Nacional del PAN, consideró necesario una ley de bioseguridad que integre todo lo existente actualmente.
En el seminario también se abordaron temas relacionados con la aplicación y potencial de la biotecnología en la agricultura y la industria de alimentos. Se destacó las aplicaciones del mejoramiento genético en plantas, con lo cual pueden ser resistentes a plagas y enfermedades, además de reducir el uso de pesticidas. Las ventajas de cultivos como soya y algodón en la producción agrícola fueron otro de los tópicos abordados.
Asimismo se comentó que no existen pruebas efectivas de daños al medio ambiente por el empleo de organismos genéticamente modificados, aunque tampoco se ha demostrado lo contrario.
También se habló de que la baja participación de la industria de alimentos respecto de la investigación biotecnológica, la cuál se requiere incrementar en México.
En el foro igualmente se planteó que existe una enorme desinformación en relación con los organismos genéticamente modificados, por lo que, incluso, en la comunidad científica hay resistencia. De ahí, se insistió, la necesidad de reforzar la difusión que se hace de éstos en los medios de comunicación.
Ratifica México Protocolo de Cartagena
El pasado 27 de agosto de 2002, México depositó ante el Secretariado General de las Naciones Unidas en Nueva York, el instrumento de ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, adoptado el 29 de enero de 2000 en Montreal.
Ese instrumento es un convenio sobre la diversidad biológica, adoptado durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, con lo que México, en su calidad de país megadiverso y centro de origen de variadas especies, podrá contar con mecanismos para garantizar el manejo seguro de organismos vivos genéticamente modificados y evitar riesgos a la salud, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
